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Lunes 20 de Mayo del 2019

Morelia

Tres comisionados sindicales de Michoacán recibieron 492 mp en dos años

May 16, 2019, 7:00

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Foto: Adobe Stock. Persisten irregularidades con presupuesto educativo en la entidad, evidenció el informe de Mexicanos contra la Corrupción.

Juan Bustos / La Voz de Michoacán

 

Morelia, Michoacán. Tres comisionados sindicales que recibieron 492 mil pesos entre 2015 y 2017 en Michoacán, son algunos de los hallazgos del reporte generado por la organización de Mexicanos contra la Corrupción, denominado “Impunidad en la nómina magisterial”. En su reporte, la organización hace una radiografía en los estados en Michoacán y señala que en promedio gasta 8 mil 233 millones de pesos al año. Incluso el reporte señala qué estados pagan de la nómina del FONE a sus secretarios.

En la radiografía presentada sobre el estado de Michoacán, se indicó que en promedio el gasto en educación al año es de 30 mil 36 millones de pesos, lo que equivale al 7 por ciento del PIB del estado, y de ello, 64 por ciento es federal y 36 por ciento estatal.

Se detalló que el gasto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, que es parte del gasto federal, es de 16 mil 720 millones de pesos al año, es decir, el prepuesto federal que se destina a 44 mil 417 profesores, más personal administrativo y operativo.

Según el reporte, son 805 mil 334 alumnos atendidos en ocho mil 957 escuelas de educación básica del sistema educativo federal.

El informe señala que en el proceso de centralización en 2015, la Federación centralizó el pago de la nómina educativa para corregir irregularidades cometidas en manejo del fondo, con ello hubo un aumento en la transferencia de recursos de un 18 por ciento.

De acuerdo con una gráfica del informe, en 2013 se ejercieron 14 mil 139 millones de pesos para Michoacán, para 2015, tras la centralización, se ejercieron 17 mil 978 millones de pesos, y ya para 2017 se ejercieron 17 mil 487 millones de pesos.

El informe recordó que en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) de 2013 se detectaron irregularidades equivalentes al 14.8 por ciento de su nómina educativa.

Aún se tienen 3 denuncias por más de 23 mil 200 millones de pesos establecidas por la ASF contra el estado entre 2008 y 2015; sin embargo, se reconoce en dicho informe que ha mejorado el uso de los recursos, pero aún se identifican irregularidades por 3 comisionados sindicales que recibieron 492 mil pesos entre 2015 y 2017.

El informe precisa que los principales responsables son el gobernador, Silvano Aureoles Conejo; Alberto Frutis Solís, secretario de Educación, y Héctor Astudillo García, secretario general de la Sección 18 del SNTE.

Cabe señalar que recientemente se reportó el ejercicio de una plaza de director por el titular de la SEE, Alberto Frutis Solís, a pesar de ejercer como funcionario de gobierno, un tema que de acuerdo a los especialistas es una irregularidad en términos de las lagunas que permiten el ejercicio de ese tipo de recursos. La explicación que ha trascendido es que dicho presupuesto se ejerce para “completar” el salario como titular de la SEE con recurso federal.

De acuerdos con los especialistas que elaboran el informe, entre las debilidades están las en que las responsabilidades administrativas de las autoridades federal y estatal se han diluido, no se han corregido (o nivelado) las diferencias presupuestales educativas entre los estados, la asignación del Fone es inercial y no se guía por criterios que incentiven la inversión de las entidades federativas y no hay mecanismos efectivos para sanción.

La autoridad educativa federal no ha cumplido con el mandato de ley relativo a que la SEP elabore reportes de las irregularidades observadas en la nómina financiada con el FONE para ser entregados a la SHCP, la Secretaría de la Función Pública y la Cámara de Diputados.

 

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Sin embargo, ninguna de las autoridades que debían recibir esa información actuó legalmente como consecuencia de la omisión, es decir, no se han fincado responsabilidades administrativas y legales.

El análisis del Fone aporta una caracterización completa sobre la opacidad en el acceso a la información, la falta de rendición de cuentas y la impunidad.

Uno de los putos que se destacan es el endeble derecho a la información pública, la precaria rendición de cuentas y las omisiones de las autoridades para cumplir con sus responsabilidades y asumir sus facultades legales, lo que abre la puerta a la impunidad, expresada como tolerancia al abuso en la nómina educativa.

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