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Foto: Internet. Uber presta sus servicios en Morelia.

Uber interpone amparos legales contra la COCOTRA

Ene 12, 2018, 8:33

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Arturo Molina/ La Voz de Michoacán

 

Morelia, Michoacán. Bajo la denuncia de arbitrariedad y agresiones por parte de las autoridades de la Comisión Coordinadora del Transporte de Michoacán (COCOTRA) y transportistas de servicios particulares de taxi, ciudadanos afectados por las medidas implementados por el gobierno del estado para retirar unidades de UBER presentaron un amparo legal ante los tribunales de justicia del estado.

El caso presentado por los abogados defensores Dr. Jorge Álvarez Banderas y el licenciado José Gilberto Pedraza Escobar destaca la agresión de la que fue víctima uno de los quejosos que fue detenido y agredido por parte de los taxistas y posteriormente por los inspectores de la COCOTRA. Por razones de efectos legales se omite los nombres de quienes presentaron el oficio.

 

 

 

El documento en posesión de la Voz de Michoacán remite;  “Venimos a solicitar EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, en términos de lo dispuesto por los artículos 1°, 107 fracción I inciso “f” y fracción II de la Ley de Amparo, artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, contra los actos de las autoridades que más adelante se señalan, ajustándonos para ello, en lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo”.

El amparo argumenta violaciones a lo establecido por los artículos 1°, 14, 16, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos numerales 2, y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, firmada y ratificada por el Estado Mexicano.

 

 

Asimismo se viola el artículo 1° y 14 Constitucionales, en relación con lo establecido por los numerales 2 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al no haber prevenido, A PRIORI de retener el vehículo que servirá de garantía para el pago de la infracción, a que hace referencia el artículo 61 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, UN PROCEDIMIENTO que estuviera al alcance de los quejosos, aunque fuera sumario o sumarísimo, para garantizar el derecho de defensa y la garantía de audiencia previa.

Dentro de la declaración de uno de los afectados por los mencionados operativos de la COCOTRA y los transportistas, cuyo nombre pidieron omitir por efectos legales, se señala; “salía de realizar una visita a la tienda COSTCO WHOLESALE…cuando al circular dentro del estacionamiento de dicho centro comercial, una serie de personas me cierran el paso con los “carritos” de la tienda, impidiéndome seguir mi camino actuando de una manera agresiva e insultante impidiéndome bajar de la unidad, me pude percatar en ese momento de caos y confusión, de que una persona ajena a estos sujetos, me preguntaba si quería llamara a la policía, a lo cual asentí, diez minutos después, arribo una patrulla policial, saludaron a las personas que me impedían el paso, arguyendo que eran taxistas, saludaron a los oficiales de mano y estos se retiraron, en ese momento arribó una persona quien me pidió bajarme de la unidad y solicitarme una serie de documentos del vehículo, ante lo anterior, me comuniqué vía telefónica con el propietario del vehículo en cuestión, y ya estando fuera del vehículo, una persona me arrebata el teléfono celular que más tarde me entregarían, este supuesto inspector, aludió a que estaba operando un vehículo de transporte público sin permiso y que por tal motivo levantaría una infracción y una grúa se llevaría la unidad vehicular retenida”.

El  afectado argumentó que el inspector de la COCOTRA en ningún momento se ostentó como autoridad estatal y ni siquiera mostró alguna identificación oficial.  Con base a lo anterior tanto el conductor del vehículo como el propietario de la unidad acudieron a presentar el recurso de amparo.

Es importante destacar que desde la llegada de UBER a Michoacán este será el primer amparo que se presenta ante una  instancia estatal por el conflicto generado entre la empresa transnacional con el gobierno del estado y el sector transportista.

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