Insisten en indagar por enriquecimiento ilícito a expresidenta de Argentina

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El Universal/La Voz de Michoacán

Argentina. La Unidad de Información Fiscal (UIF) de Argentina solicitó la reapertura de la investigación por enriquecimiento ilícito en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, e incrementó así la presión judicial en su contra.

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El órgano de fiscalización tomó esta decisión luego que el exjuez Norberto Oyarbide confesó que en 2009 cerró la causa por presiones del fallecido expresidente Néstor Kirchner, esposo de Cristina Fernández.

Las sospechas sobre el patrimonio de Kirchner y de Fernández fueron llevadas a la justicia por un abogado que denunció que, tan sólo en 2008, la pareja había incrementado su patrimonio en un 158 por ciento.

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La expresidenta y su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner, aumentaron de manera considerable su fortuna a partir de que comenzaron a obtener altos cargos públicos.

Por ejemplo, desde que Kirchner fue electo como gobernador de Santa Cruz en 1995, hasta su muerte, en 2010, el patrimonio de la pareja política creció 46 veces.

El cambio más drástico se dio cuando Kirchner asumió como presidente en 2003, ya que desde entonces y hasta 2009, la fortuna de la pareja creció en un 572 por ciento.

Los opositores solían relacionar esta riqueza con actos de corrupción que hoy son investigados en múltiples causas judiciales, en tanto que los Kirchner justificaban su fortuna a partir de exitosos negocios inmobiliarios.

Las cifras siempre llamaron la atención, ya que sólo entre 2003 y 2009, es decir, desde el primer año del gobierno nacional de Kirchner hasta los dos primeros años de gobierno de su esposa, la riqueza de la pareja creció de 1.7 a 14 millones de dólares.

En 2015, cuando dejó el poder, la fortuna personal de Fernández de Kirchner era menor debido a que parte del patrimonio se repartió entre sus hijos cuando murió Kirchner, en octubre de 2010.

Meses antes, los Kirchner habían sido sobreseídos en la causa por enriquecimiento ilícito gracias al entonces juez Oyarbide, quien aseguró que peritos de la Corte Suprema de Justicia no habían detectado irregularidades en sus declaraciones juradas.

Oyarbide fue acusado de participar en una red de corrupción presuntamente integrada por los Kirchner, varios exfuncionarios de sus gobiernos y empresarios.

La víspera, al declarar ante la justicia, el exjuez se desligó del presunto pago de sobornos y se victimizó al denunciar que Kirchner lo presionó para que no investigara su enriquecimiento, lo que permitirá la reapertura de la causa.