Piden a Corte de EU dictaminar abuso policial transfronterizo

La Voz de Michoacán. Las últimas noticias, hoy.

Washington.-La defensa legal de los familiares del joven mexicano Sergio Adrián Hernández Güereca, pidió hoy a la Suprema corte de Justicia establecer que tiene un derecho constitucional a demandar a su asesino, el agente de la Patrulla Fronteriza, Jesús Mesa Jr.

En una audiencia de argumentos orales ante los ochos magistrados, el abogado, Robert Hilliard, sostuvo que la Cuarta Enmienda de la constitución aplica cuando un agente estadunidense dispara desde su país en “estrecha proximidad”, contra una persona extranjera en otro país.

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“El propósito de este caso es (los agentes fronterizos) sigan la Constitución cuando interactúan con mexicanos y no usen fuerza letal de manera irracional”, explicó el abogado al final de la sesión de una hora de duración.

De acuerdo con Hilliard, no se trata de un incidente aislado, toda vez que señaló que están registrados al menos 243 incidentes similares de uso de fuerza por agentes fronterizos de Estados Unidos, 10 de los cuales son incidentes transfronterizos.

Hilliard hizo notar que el gobierno mexicano apoyó su caso con una moción de “Amigos de la Corte” en el cual argumentó que si la agresión hubiera sido a la inversa es lógico que Estados Unidos habría pedido una rendición de cuentas de los agentes mexicanos.

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Durante los argumentos, el magistrado Anthony Kennedy aludió en ese sentido a las implicaciones de política exterior del caso y sugirió que se trata de una “área sensitiva” que probablemente podría ser discutida por los gobiernos de los dos países para encontrar una solución.

“Este es un caso extraordinario”, dijo Kennedy. Durante la sesión, algunos magistrados plantearon la posibilidad de que se gestione ante el Congreso una “iniciativa de ley privada” para indemnizar a los padres del adolescente mexicano asesinado. Al final de la audiencia, el abogado Hilliard descartó la alternativa por impráctica.

“No creo que eso sea un remedio alternativo (…) si esperamos para que el Congreso actúe (…) nuestra frontera está activa, nuestros agentes fronterizos están armados, interactúan con mexicanos todos los días”, señaló.

En la audiencia, el juez Stephen Breyer cuestionó al abogado para que explicara cómo un fallo favorable a la familia del mexicano podría afectar a las fuerzas armadas de Estados Unidos cuando utilizan drones con fuerza letal contra extranjeros fuera de Estados Unidos.

Aunque también apuntó que el canal donde ocurrió el asesinato es administrado conjuntamente por México y Estados Unidos, sugiriendo la posibilidad de cierta jurisdicción estadunidense en la zona.

En su turno, el abogado del agente agresor, Randolph Ortega, sostuvo que los familiares del mexicano no tienen derecho a demandar a su cliente porque el agente actuó en defensa propia y la víctima se encontraba en territorio mexicano.

Sin embargo, la magistrada Elena Kagan señaló que esa versión está en disputa y se refirió que los videos que circulan en YouTube donde se ve a la victima escondiéndose tras un pilar sin arrojar piedras al agente.

En su turno, el abogado general adjunto de la nación, Edwin Kneedler, sugirió que probablemente el único remedio para el caso sería un acto privado del Congreso para indemnizar a los familiares del mexicano. “Esa sería la solución”, indicó.

Sergio Adrián murió el 7 de junio de 2010, cuando se encontraba en el lecho seco del río Bravo en el lado mexicano de la frontera en Ciudad Juárez.

Mesa, quien patrullaba el área en bicicleta, le disparó desde el lado estadunidense, bajo el argumento de defensa propia al sostener que estaba siendo atacado a pedradas por el adolescente y otros jóvenes.

El incidente provocó una ola de indignación en México y una serie de protestas en Ciudad Juárez. El Gobierno de México pidió una “profunda e Imparcial” investigación de los hechos.

Del desenlace del caso dependerá si los padres del joven tienen derecho a demandar al agente Mesa en las cortes estadunidenses, un caso que podría sentar precedente en decenas de casos similares de violencia policial en la zona fronteriza.

En abril de 2015, la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Distrito, con sede en Nueva Orleans, dictaminó que el agente fronterizo, tiene inmunidad calificada y no puede ser demandado por la familia del adolescente mexicano.

La Corte argumentó que la familia de Hernández Güereca no podía demandar el amparo de la Cuarta Enmienda Constitucional que el adolescente era ciudadano mexicano en suelo mexicano, y carecía de toda "conexión significativa" con Estados Unidos.

Si la Suprema Corte registra un empate 4-4, se mantendrá el fallo de la corte de apelaciones. Pero si falla a favor de los demandantes, el caso regresa a una corte de Texas para proceder con la demanda contra el agente Mesa Jr.