Preparan actos para revertir condena por genocidio contra Ríos Montt

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Agencias /La Voz de Michoacán.
Guatemala.- La defensa emprenderá acciones legales para revertir la sentencia de 80 años de prisión que recibió el ex gobernante de facto de Guatemala, Efraín Ríos Montt (1982-1983), en el histórico juicio por genocidio.

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Francisco García Gudiel, del equipo de abogados defensores del militar de 86 años de edad, indicó que mañana lunes comenzarán las gestiones ante la Corte de Constitucionalidad ?CC, el máximo tribunal en materia constitucional- en busca de anular la sentencia.

Luego del cierre del juicio el viernes pasado, el general retirado pasó su segunda noche en prisión en un recinto preparado por autoridades del Sistema Penitenciario en el cuartel Matamoros, instalación militar en la ciudad de Guatemala.

Ríos Montt, tras escuchar la sentencia y conducido de inmediato a prisión, alcanzó a declarar ante periodistas que sus abogados apelarán la sentencia y que era víctima de "un show político internacional" al que se prestó la justicia.

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El primer juicio por genocidio en Guatemala contra Ríos Montt y el también general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex jefe de Inteligencia del Ejército, fue inaugurado el 19 de marzo pasado y llegó a su fin el 10 de mayo.

El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, presidido por Jazmín Barrios, sentenció al ex dictador a 50 años de prisión por genocidio y a 30 años por el delito de deberes contra la humanidad, mientras que absolvió a Rodríguez Sánchez.

Luego de 30 años de reclamos de justicia de parte de sobrevivientes, familiares de víctimas y de entidades de derechos humanos, Ríos Montt fue sometido a los tribunales que emitieron una histórica sentencia contra un prominente personaje de la vida nacional.

Como figura militar y luego como uno de los máximos dirigentes políticos del país, Ríos Montt parecía intocable e inalcanzable para la justicia, recordó la diputada izquierdista y ex activista humanitaria Nineth Montenegro.

Fundador del derechista Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el general retirado Ríos Montt dominó la política nacional con ese partido -ahora extinto- desde mediados de la década de los 90 hasta 2010.

Al frente del FRG llevó al poder a Alfonso Portillo, un político e intelectual izquierdista que gobernó Guatemala de 2000 a 2004.

Ríos Montt, por su parte, fue presidente del Congreso por cuatro años consecutivos y diputado por tres períodos.

Pese a que la Constitución prohíbe a caudillos y cabecillas de un golpe de Estado optar a la Presidencia, con el cuestionado fallo de una CC que favorecía al gobierno del FRG, se postuló como candidato presidencial en las elecciones de 2004, que perdió al ubicarse en tercer lugar.

El ex dictador no había sido llamado a comparecer a los tribunales debido a que gozaba de inmunidad parlamentaria desde 2000, cuando comenzó el primero de tres períodos consecutivos de diputado.

La inmunidad venció el 14 de enero de 2012, cuando terminó su período en el Congreso Nacional y dejó su curul.

El octogenario líder político no se postuló para repetir como diputado en las elecciones generales celebradas en septiembre de 2011.

"En Guatemala se cometió sistemáticamente el delito de genocidio contra la población maya ixil", afirmó en su sentencia Barrios, quien argumentó que los hechos demostrados a lo largo del juicio se confirman con el hallazgo de cementerios clandestinos.

El MP, que acusó a Ríos Montt y Rodríguez Sánchez de autoría intelectual en la muerte de mil 771 personas de la etnia ixil en 15 matanzas en comunidades del occidental departamento de Quiché, había pedido una condena de 75 años de cárcel para cada uno de los procesados.

La matanza de los indígenas se dio durante operativos del Ejército contra la guerrilla en el llamado Triángulo Ixil, formado por tres municipios del departamento de Quiché, efectuados en el gobierno de facto de Ríos Montt (1982-1983).

Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), entidad de las Naciones Unidas que investigó las atrocidades del conflicto armado interno, el 93 por ciento de los casos de violaciones de derechos humanos fue responsabilidad del Ejército y agentes de seguridad del Estado.

La CEH registró 626 masacres, de las que responsabilizó a militares y estableció que "mediante las masacres y denominadas operaciones de tierra arrasada (política que activistas atribuyeron a Ríos Montt), planificadas por las fuerzas del Estado, se exterminaron por completo comunidades mayas".

El gobierno y la guerrilla de Guatemala firmaron el 29 de diciembre de 1996 un acuerdo de paz que detuvo una guerra interna que en 36 años causó 200 mil muertos y desaparecidos y 45 mil indígenas refugiados en campamentos del sur de México.