San juan.- Un grupo de legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) exigió hoy al gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, rendir cuentas de las finanzas de la isla, luego de que la víspera anunció el impago masivo de una deuda de 422 millones de dólares. “El gobernador tiene el deber de presentar los informes financieros auditados... Decir que no hay dinero para pagar el servicio a la deuda es bien fácil sin que se presente evidencia que compruebe esa aseveración”, afirmó la senadora Itzamar Peña Ramírez, ante el impago anunciado. El gobernador de Puerto Rico anunció la noche del domingo en un mensaje por televisión, el impago masivo de una deuda de 422 millones de dólares, más alto de la historia de la isla, que sufre una dura crisis económica desde hace ya una década. "Ha sido una decisión muy difícil y dolorosa que francamente hubiese preferido no tomar... pero la crisis humanitaria se hace cada día más profunda", se justificó García Padilla, tras acusar Washington de no ayudar a tiempo a Puerto Rico, un estado libre y asociado de Estados Unidos. Peña Ramírez atacó la decisión del gobernador García Padilla y le exigió que presente esta misma semana, los informes financieros auditados del gobierno, los cuales no han publicado desde el 2014, según reporte de la edición en línea del diario El Vocero de Puerto Rico. La senadora por el PNP, de centro derecha, aseguró que los únicos informes que el gobierno de García Padilla ha publicado fueron los correspondientes al año fiscal 2013. “Lamentablemente, este gobernador carece de toda credibilidad, así que necesitamos los informes para comprobar la verdadera situación fiscal del gobierno”, señaló Peña Ramírez. Por su parte, el representante Angel Muñoz Suárez, advirtió de una crisis y sostuvo que el “cambia-cambia” del gobierno bajo el Partido Popular Democrático (PPD) ha destruido la confianza del inversionista, tanto local como del exterior. “Primero salvó las finanzas del gobierno, eso dijo García Padilla en el 2013. Luego, ese mismo año, prometió que bajaría el Impuesto a las Ventas y Uso (IVU), de 7.0 a 6.6 por ciento debido a sus gestiones en controlar gastos y promover la inversión privada. Todo fue mentira”, dijo. Agregó que muchos inversionistas, como dueños de negocios locales, así como empresas multinacionales, están reacios en invertir en Puerto Rico porque no están seguros y les pueden cambiar las reglas del juego a mitad del camino. “No existe ninguna confianza por parte de las personas que una vez querían invertir en la Isla”, aseguró el representante por Aguada, Añasco, Rincón, Moca y Mayagüez. Otro que expresó su preocupación ante las consecuencias del impago fue Urayoán Hernández Alvarado, representante por Orocovis, Barranquitas, Villalba y Coamo, quien acusó al gobernador de la grave situación financiera por la que atraviesa Puerto Rico. “Hoy, en nuestra amada Isla existen miles de puertorriqueños que perdieron parte de sus ahorros para la jubilación gracias a la innecesaria acción de García Padilla. Muchos compraron bonos del Banco Gubernamental de Fomento como instrumento para ahorrar para el retiro. Eso, hoy, se perdió”, dijo. Hernández Alvarado aseguró que el impago tendrá resultado negativo en la banca privada ya que ahora se hará más difícil otorgar financiamiento a personas individuales, así como a pequeños y medianos negocios. “Con esta acción, cualquier oportunidad, aunque mínima, que tuviera el gobierno de pedir prestado se perdió. Tampoco vamos a tener acceso a los préstamos a corto plazo, que usualmente se usan en julio. Sin esos préstamos, el flujo de efectivo del gobierno se afectaría dramáticamente y eso tendrá un efecto en los servicios”, concluyó. El gobernador García Padilla precisó este lunes que el impago anunciado el domingo, el primero del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), fue por $367 millones, ya que sólo se pudieron saldar los intereses de la deuda. Explicó que de los 422 millones de dólares que se debieron pagar este lunes, solo saldaron 22 millones en intereses, y que llegaron a un acuerdo con las cooperativas para retrasar el pago de 33 millones de dólares hasta el 2017. “Las consecuencias las he explicado muchas veces. Va a haber un sin número de litigios. Tenemos que preocuparnos por las consecuencias de los litigios y es que vamos a caer en manos de jueces de aquí y de fuera”, sostuvo el ejecutivo en una conferencia de prensa. Además, advirtió que de no obtenerse un mecanismo de reestructuración de la deuda del Congreso estadounidense, a Puerto Rico le esperan momentos “fuertes” y de continuos litigios, pues dependerá de una negociación directa y de la buena fe con los acreedores. “Las dos opciones son esas: que el Congreso actúe o tenemos que embarcarnos en un proceso de negociación que va a ser así de complicado”, destacó el gobernador de Puerto Rico.
La Voz de Michoacán
