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Foto: Agencias. Cuatro de los manifestantes fueron detenidos por agentes bajo cargos de “entrada ilegal”.

Se encadenan para pedir veto antinmigrante

30 de marzo, 2016

admin/La Voz de Michoacán

Phoenix.- Unas 12 personas se encadenaron hoy a las puertas de la oficina del gobernador de Arizona, Doug Ducey, para exigir el veto de una iniciativa de ley que despoja a los inmigrantes indocumentados que delinquen, de una serie de derechos.

La protesta, en el Capitolio Estatal en Phoenix, llamó la atención sobre la iniciativa que pretende suprimir los derechos de libertad condicional, y/o la suspensión o conmutación de la pena, hasta que cumplan totalmente la sentencia impuesta.

Agentes del Departamento de Seguridad Publica (DPS) de Arizona se vieron obligados a cortar con tenazas las cadenas y esposas que llevaban los manifestantes para desalojarlos del lugar.

Cuatro de los manifestantes fueron detenidos por agentes bajo cargos de “entrada ilegal”, informó un vocero del DPS.

Los manifestantes bloquearon la entrada a la oficina del gobernador este miércoles, luego de que se anunciara el envío para su firma de la iniciativa HB 2451, la primera de cinco proyectos de ley aprobados por la legislatura de Arizona en su periodo de sesiones este año.

La HB 2451 revocaría un estatuto que actualmente permite al Departamento de Correcciones de Arizona el entregar a inmigrantes a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para su deportación después de que haya cumplido al menos el 50 por ciento de su sentencia.

La propuesta obligaría al Departamento de Correcciones de Arizona a retener a los inmigrantes hasta que cumplan la totalidad de su sentencia antes de entregarlos al ICE para su deportación.

De igual forma, la iniciativa ha sido criticada por la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), una de las principales organizaciones defensoras de los derechos civiles en Estados Unidos, y por varios grupos a favor de los inmigrantes.

Según esas organizaciones, la iniciativa incrementaría en forma innecesaria los costos de encarcelamiento y sería una intromisión anticonstitucional en los asuntos de la autoridad federal.

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