Aseguran 11 reptiles; iban a "empaquetarlos"

La Voz de Michoacán. Las últimas noticias, hoy.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 11 reptiles que pretendían ser enviados de forma ilegal a los estados de Puebla, Morelos, Oaxaca y Michoacán desde el Distrito Federal y Estado de México, mediante una empresa de paquetería.

A denuncia presentada por la propia empresa que detectó cuatro paquetes sospechosos declarados como “material médico”, inspectores de la dependencia federal revisaron el contenido y encontraron a dichos ejemplares de vida silvestre que buscaban ser transportados de manera ilícita.

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La acción ocurrida el pasado día 23 de junio pudo ser impedida tras la colaboración que la empresa, para permitir la verificación de los paquetes y su contenido en el centro de distribución.

Las especies a las que pertenecen dichos reptiles tienen gran demanda por coleccionistas nacionales e incluso extranjeros, principalmente de Europa y Norteamérica, además de estar listados algunos en categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

De acuerdo con la Profepa, el primer paquete contenía un ejemplar de cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletti), con destino a la ciudad de Puebla.

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El paquete 2 contenía siete ejemplares: un camaleón de velo (Chamaeleo calyptratus), una serpiente falso coral (Lampropeltis triangulum), una serpiente se leche (Panterophis guttata), dos ejemplares de varano (Varano niloticus) y dos de rana ojos rojos (Agalychnis dacnicolor), con destino a la ciudad de Oaxaca.

El tercer paquete contenía una tortuga lagarto (Chelydra serpentina), con destino a Morelos.

En tanto que el cuarto paquete contenía dos ejemplares de tortuga tres lomos (Staurotypus triporcatus), con destino a la ciudad de Morelia.

Los ejemplares asegurados fueron canalizados de manera inmediata a un herpetario especializado para su cuidado y valoración médica.

La Profepa indicó que iniciará la investigación y aportación de elementos para la integración de la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), por tratarse de un delito contra la biodiversidad que puede ser castigado hasta con nueve años de prisión.