Xalapa, Veracruz.- El Fiscal General de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, presentó al Congreso del estado su renuncia al cargo con carácter de irrevocable, la cual surtirá efecto el primero de diciembre, cuando tome protesta como gobernador el panista Miguel Ángel Yunes.

“Estos son momentos de acuerdos y lo digo con toda claridad: no seré factor de división ni encono, por el contrario, lo que Veracruz necesita, hoy más que nunca, es unidad”, manifestó.
En conferencia de prensa realizada la noche de este lunes en las oficinas centrales de la fiscalía, dijo que en plena congruencia de su actuar con su sentir, envío su renuncia a la presidenta de la Mesa Directiva.

“Lo hago convencido de que Veracruz tiene una ruta que le hará transitar a mejores esquemas de gobernabilidad, de paz social, y de bienestar para sus ciudadanos”, manifestó quien tomó protesta del cargo como fiscal el 30 de enero del 2015 por un periodo de nueve años.

“Reconozco el liderazgo del Licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, quien en los próximos días tomará protesta como Gobernador Constitucional, e iniciará una nueva etapa que requiere de la suma de todas las voluntades para que Veracruz recupere la grandeza que nunca debió perder, y que yo en lo personal busco contribuir con este acto”, explicó. Bravo Contreras fue electo de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, que estableció fiscales de nueve años para impedir que la justicia se partidizara por los gobernadores en turno.

Sin embargo, admitió que sustenta la justificación de su renuncia en haber llegado al cargo por decisión del Congreso del estado, pero durante una administración encabezada por un gobernador que hoy es severamente cuestionado.

“Y por ello debo facilitar a esta nueva Legislatura y a la administración entrante, tomar las decisiones que consideren más responsables en bien de la siempre inacabada y perfectible procuración de justicia”, subrayó. Tras ser el último Procurador

General de Justicia y el Primer Fiscal General del Estado, destacó que en Veracruz se ha implementado ya el nuevo sistema penal. Declaró que la atención, combate y esclarecimiento de los delitos, fue su principal objetivo, y priorizaron la atención de aquellos llamados “de alto impacto” que laceran a la sociedad, ofreciendo los mejores resultados permitidos por los recursos humanos y materiales disponibles.