No habrá concesiones para militantes corruptos: PAN

La Voz de Michoacán. Las últimas noticias, hoy.

El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Felipe Bravo Mena, aseguró que se aplicará el mismo criterio para cualquier militante que cometa o caiga en algún acto de corrupción, sea gobernador, exgobernador o funcionario público, porque las reglas serán parejas para todos.

“Las reglas serán para todos parejas, ahí no habrá distinción de ninguna especie ni rangos. Todo militante del partido, sea directivo, funcionario público o lo que sea, está obligado a conducirse con honestidad y probidad en las encomiendas, tanto en los trabajos como dirigente o en la función pública”, sostuvo el también ex presidente del blanquiazul.

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El también ex candidato al gobierno del Estado de México, expuso que en este momento ya han llegado casos que tienen que ser atendidos por la Comisión, los cuales se desahogarán una vez que esté integrado este órgano, así como sus reglamentos.

“Nosotros estamos trabajado a todo vapor y a toda marcha para tener reglamentos y normas lo más pronto posible, para que cuando el Consejo Nacional se reúna se puedan ya nombrar a los comisionados”, declaró en un comunicado Bravo Mena.

En julio pasado se inició una investigación en Arizona contra el panista Guillermo Padrés, acusado de haber recibido sobornos en depósitos por tres millones 312 mil 175 dólares del contratista Mario Humberto Aguirre Ibarra, dueño de Procesos Automatizados de Manufactura SA de CV.

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Además, Claudia Pavlovich, actual gobernadora de Sonora, instruyó a su equipo de trabajo para constituir una fiscalía especializada anticorrupción que investigue posibles malos manejos en la administración del exmandatario.

Incluso, El Servicio de Administración Tributaria anunció que se haría cargo de la fiscalización de Sonora hasta diciembre pasado, debido a que atendió tres denuncias anónimas durante la administración de Guillermo Padrés, por un presunto beneficio a 574 contribuyentes por un monto de mil 705 millones de pesos en perjuicio del fisco federal.