El comisionado Joel Salas Suárez consideró indispensable que tanto el Instituto Nacional de Transparencia como las organizaciones civiles den seguimiento a la armonización de las leyes locales con la reforma constitucional en la materia. “No es posible construir gobiernos abiertos si ni si quiera se cumple con el mandato constitucional y lo que establece la Ley General de Transparencia”, advirtió en el panel “Experiencias compartidas de Gobierno Abierto: los ejercicios locales de Coahuila y Jalisco”. En el acto celebrado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2015, dijo que es necesario conocer el avance de los procesos de armonización de las leyes locales para verificar que cumplan con el espíritu de la reforma constitucional. En ese sentido, se refirió al caso del Congreso de Tabasco, el cual aprobó una iniciativa de ley para homologar su legislación que contraviene el espíritu de la reforma constitucional, porque otorga al Consejero Jurídico la posibilidad de interponer un recurso de seguridad estatal y, de este modo, atacar las resoluciones del órgano garante. Salas Suárez recordó que el gobierno abierto implica modificar la relación entre población y autoridad, pero la clase política no tiene muchos incentivos para lograrlo. Por ello, se requiere que la sociedad civil exija, pida y demande el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución, insistió el consejero del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). El modelo de gobierno abierto contribuye a recuperar la confianza ciudadana y permite conectar los principios de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas y tecnologías de la información para convertirlos en políticas públicas. El comisionado del Inai expuso que el instituto impulsa que este modelo sea adoptado en los diferentes niveles de gobierno. A nivel local, indicó, hay 13 estados que participan en ejercicios de gobierno abierto y nueve de ellos han instalado espacios de trabajo conjunto entre la sociedad civil, los órganos garantes del derecho de acceso a la información y las autoridades.
La Voz de Michoacán
