Sala del TEPJF resolverá violaciones a ley electoral en 24 horas

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México- La nueva Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impartirá justicia de manera pronta y expedita, pues resolverá, en sólo 24 horas, las posibles violaciones a la ley electoral.

El magistrado presidente del organismo, José Alejandro Luna Ramos, recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) recibirá la denuncia, examinará las pruebas aportadas y, después de escuchar los alegatos de las partes, deberá realizar un informe circunstanciado en el que se plasmen sus conclusiones sobre el asunto.

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A su vez, la Sala Especializada se encargará de la resolución de la queja, a partir del expediente que reciba. “El desafío es mayúsculo, dado que los plazos establecidos para resolver son muy breves, y tomando en cuenta que las dos fases se han diseñado como etapas autónomas e independientes”.

Mediante un comunicado, el magistrado presidente abundó que la Sala Especializada, tendrá una competencia inusitada, “como no se había visto jamás en la historia de México”, pues su ámbito para impartir justicia será de carácter nacional.

Recordó que con ese objetivo, el TEPJF y el INE suscribieron el 8 de agosto un convenio de colaboración que permitirá utilizar medidas facilitadoras para poder reaccionar, de manera oportuna y pertinente.

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“Sólo así cumpliremos con la obligación de garantizar la equidad en las contiendas, asegurando el respeto irrestricto a la Constitución y las leyes por parte de actores políticos, servidores públicos, concesionarios de medios de comunicación y ciudadanía en general”, anotó.

Respecto a la designación de los tres Magistrados que integrarán la nueva Sala, Luna Ramos destacó que en la primera etapa del proceso participó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y subrayó que la decisión final para elegir a los integrantes del órgano electoral corresponde de manera exclusiva al Senado de la República.

Los procedimientos especiales sancionadores que resolverá la Sala se relacionan con denuncias respecto a posibles violaciones en materia de propaganda política, posibles infracciones a disposiciones constitucionales sobre el uso de los medios de comunicación.

Además, sobre el manejo de tiempos en radio y televisión asignados para fines proselitistas, así como a conductas que puedan constituirse como actos anticipados de campaña.