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Foto: Internet, Masacre de Aguas Blancas, han pasado 20 años y las autoridades no han hecho nada

Sin justicia, a 20 años de la masacre de Aguas Blancas

29 de junio, 2015

admin/La Voz de Michoacán

La desaparición de Gilberto Romero Vázquez, integrante de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS), en mayo 24 de 1995, ocasionó que sus compañeros de dicho colectivo realizaran movilizaciones para exigirle al entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, la aparición con vida del líder.

Los municipios de Atoyac y Zihuatanejo en el estado de Guerrero, serían los puntos de encuentro para manifestarse y exigir, además, el cumplimiento de diversos acuerdos pendientes en otros municipios del estado como ayudas para la producción de alimentos, carreteras, escuelas, centros de salud así como la promoción de la defensa de los bosques y recursos naturales.

– Los hechos
El 28 de junio de 1995, los campesinos se dividieron y mientras unos se manifestaron en Zihuatanejo, otros se encontraban en Coyuca de Benítez, específicamente en el Vado de Aguas Blancas.

De acuerdo a la descripción sumaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre los acontecimientos en Aguas Blancas, “elementos de la Policía Motorizada del Estado, al mando del mayor Manuel Moreno González, con la intervención del Primer Subprocurador General de Justicia y del Director General de Gobernación del Estado, instalaron un puesto de revisión (retén), a tres kilómetros del poblado de Aguas Blancas, del mismo Municipio de Coyuca de Benítez y, aproximadamente a las 10:30 horas, cuando revisaban al primero de los dos vehículos, el camión torton de color rojo, que se 10 dirigía al Municipio de Atoyac de Álvarez, se aproximó la segunda unidad, es decir, la camioneta de color azul, a la que los elementos policíacos le solicitaron que detuviera su marcha para realizar la revisión correspondiente. En dicho lugar y todavía con el vehículo en movimiento, descendieron dos personas, una de ellas visiblemente armada con machete, que agredió al Comandante de la Policía Motorizada Lorenzo Roque Cortez. Igualmente resultó lesionado Dustano Vargas Hernández, elemento de esa misma corporación. En ese momento, se suscitaron diversos disparos de arma de fuego, resultando originalmente catorce campesinos muertos y 24 lesionados, en el lugar de los hechos”.

Según la versión del gobierno del Estado de Guerrero, la agresión la iniciaron dos campesinos que bajaron de las camionetas con sus machetes para después, ser agredidos por otros que dispararon desde las camionetas en las que viajaban.

Mientras que la versión de los campesinos es que dos de sus integrantes agredieron a los comandantes lo que ocasionó que los miembros de la Policía Motorizada dispararan indiscriminadamente en contra de ellos. Aseguran que quienes no resultaban heridos los tiraban al piso con la cabeza viendo al suelo mientras que a quienes resultaron con heridas les daban “el tiro de gracia”. Los campesinos aseguran que se trató de una emboscada.

Sin embargo, los habitantes y testigos aseguran que existe un video en el que se observa que trabajadores del campo fueron baleados sin poder repeler la agresión.

El ataque de los uniformados dejó 17 campesinos asesinados.
– “¡28 de junio no se olvida, es de lucha combativa!”

Desde el 28 de junio de 1995, habitantes de las comunidades cercanas a la matanza se organizan para realizar cada año una marcha para clamar justicia por la matanza de 17 campesinos a manos de elementos de la Policía Motorizada.

Los manifestantes, no solo exigen justicia por sus compañeros asesinados esa fecha, si no por otras desapariciones de dirigentes de organizaciones sociales que han sido asesinados a lo largo de dos décadas.

En 1996, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el 28 de junio de 1995 se cometieron violaciones a los derechos humanos y exigió castigar a los culpables, señalando al ex gobernador Figueroa Alcocer; a su secretario de Gobierno, Rubén Robles Catalán, y a Antonio Alcocer Salazar, ex procurador de Justicia.

Por su parte, en 1998, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó ejercer acciones en contra de quien resultara culpable de los hechos.

Las movilizaciones y acciones para demandar justicia siguen a dos décadas de los acontecimientos. Habitantes de la localidad aseguran que seguirán con las demandas.

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