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Foto: Agencias. Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Teme defensa de “El Chapo” pena de muerte

8 de noviembre, 2016

El Universal/La Voz de Michoacán

Ciudad de México.- La defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera presentará este martes dos impugnaciones contra las sentencias emitidas por un juez federal en las que le niegan el amparo contra las dos órdenes de extradición que obran con su nombre.

Entre los principales argumentos de José Refugio Rodríguez, abogado de Guzmán Loera, está que la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas, en Estados Unidos lo acusa de asociación delictuosa, delitos contra la salud, delincuencia organizada, posesión de armas, homicidio y lavado de dinero; delitos por los que podría aplicársele la pena de muerte.

“Se le puede aplicar pena de muerte a Joaquín en Texas y el compromiso de no aplicación lo hace el representante de la Embajada el Jefe de una Misión o Embajador, representa al Jefe de Estado de Estados Unidos en relaciones diplomáticas, pero no puede tomar decisiones de la Corte Federal como encargada de imponer las penas”, indicó el abogado.

“Es muy grave no tener certeza de que si Joaquín es extraditado ese compromiso no tenga eficacia en Estados Unidos y le puedan aplicar la pena de muerte”, agregó.

También indicó que los delitos de asociación para importar y poseer cocaína por los que la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California requiere a Guzmán Loera ya prescribieron debido a que los hechos ocurrieron en 1994 pero el artículo que establecía esos delitos fue reformado, por lo que a la fecha de la petición de extradición ya no estaba vigente.

José Refugio Rodríguez informó que alrededor de las 14:00 horas se presentará ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México para ingresar los dos recursos de revisión.

Ambos escritos pretenden combatir las sentencias de amparo emitidas en los expedientes número 644/2016 y 645/2016.
En ellas, se negó el amparo a Guzmán Loera contra las extradiciones concedidas por el gobierno mexicano para que sea juzgado ante las cortes federales de Texas y California.

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