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Morelia, Michoacán a 26 de junio de 2017
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Foto: Agencias. Por las sanciones impuestas a los 19 acusados, se les negaron los beneficios sustitutivos de la pena de prisión y de la condena condicional.

Tribunal confirma sentencias absolutorias por caso ABC

9 de junio, 2017

El Universal/La Voz de Michoacán

Ciudad de México. Al resolver un recurso de apelación, un tribunal federal confirmó las sentencias absolutorias de los coordinadores de zona, del delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la representante legal de la Guardería y el secretario de consejo en el caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora que se encuentran en la causa penal 126/2009 y sus acumuladas.

Además de confirmar las sentencias condenatorias contra 19 ex servidores públicos estatales, municipales y encargados de la guardería por su responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas por el incendio ocurrido el 5 de mayo de 2009 donde 49 niños perdieron la vida y más de 100 resultaron lesionadas.

El Tercer Tribunal Unitario del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, resolvió lo anterior al considerar que incurrieron en el incumplimiento y la vigilancia de diversos ordenamientos aplicables para avalar el adecuado funcionamiento del servicio de guardería y la ocupación de la bodega contigua, como lo señaló la sentencia del juez primero de distrito de Sonora.

“Se enfatiza que fueron desatendidas las condiciones de las normas oficiales NOM-167-SSA1-1997, NOM-002-STPS-2000 y NOM-001-SEDE-2005, así como los reglamentos de Construcción y de Protección Civil para el Municipio de Hermosillo; la Ley de Protección Civil para el estado de Sonora y su reglamento, así como el Bando de Policía y Gobierno para el referido municipio, entre otros”, dijo el Tribunal.

Mencionó que por las sanciones impuestas a los 19 acusados, se les negaron los beneficios sustitutivos de la pena de prisión y de la condena condicional, “al no reunir los requisitos para su otorgamiento, ya que la condena privativa de la libertad impuesta a cada uno, rebasó el límite máximo de cuatro años establecido para ello”; además, en cuanto a la reparación del daño, estimó acreditado el derecho de las víctimas y ofendidos para obtener su resarcimiento del daño.

Sin embargo, las sentencias no han quedado firmes debido a que aún pueden impugnarlas mediante amparos.

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