Redacción web/ La Voz de Michoacán. Uruapan.- El Gobierno del Estado y organizaciones privadas y sociales, se comprometieron a unir esfuerzos para buscar el desarrollo del estado, a través de propuestas que lleven a la realización de obras y servicios públicos de calidad, que impacten al mayor número de habitantes de la entidad. Lo anterior, constituyó uno de los acuerdos logrados en lo que fue la primera reunión de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, encabezada por el secretario de Urbanismo y Medio Ambiente, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, para definir las tareas más inmediatas a emprender por dicho organismo compuesto por instituciones públicas, privadas y sociales. Ahí mismo se dio a conocer que entre los propósitos de esa Comisión, destaca el colaborar en la formulación o actualización, control, evaluación y ejecución de los programas de desarrollo urbano de ámbito estatal, además de vigilar el procedimiento y cumplimiento de los lineamientos y disposiciones contenidas en dichos programas. En el evento también encabezado por la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda del Congreso del Estado, diputada Daniela de los Santos Torres, y el presidente municipal de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, se destacó que otros objetivos de la Comisión, son fomentar los derechos y obligaciones de los habitantes y su corresponsabilidad en el desarrollo urbano, además de fortalecer la comunicación entre las autoridades estatales y municipales con los ciudadanos. Ante la presencia de titulares y representantes de varias dependencias federales y estatales, así como de dirigentes de organizaciones empresariales y sociales, Ballesteros Figueroa destacó la necesidad de imprimir un buen ritmo en las actividades a desarrollar en ese organismo, a efecto de propiciar la cristalización de obras y servicios con oportunidad. Ahí mismo, el director de Desarrollo Urbano de la SUMA, Rafael de Jesús Huacúz Elías, dio lectura a un punto de acuerdo enviado por el Congreso de la Unión, en el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a considerar la creación o revisión de un marco jurídico idóneo que garantice la realización de políticas que prioricen en el marco de sus respectivas competencias, funciones y facultades, las políticas de la movilidad urbana y humana.
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