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Las transformaciones pendientes en el gobierno del estado

28 de octubre, 2015

admin/La Voz de Michoacán

Es normal que cada nuevo gobierno, del nivel que sea, al iniciar  sus actividades haga reformas para adecuar el aparato burocrático a sus planes, necesidades y propuestas. Así lo han hecho la mayoría de los gobernadores en el estado de Michoacán al asumir sus mandatos constitucionales, inclusive los interinos han promovido reformas para que la administración pública funcione en base a su propuesta específica.

En principio me parece correcto que en uso de las atribuciones que establece la ley se hagan los cambios necesarios a efecto de que el nuevo gobierno y su gabinete puedan dar resultados a corto plazo y, que no sea este un pretexto de la falta de éxito en la encomienda legal.

Las reformas a las leyes son  en muchos casos convenientes porque buscan adecuar el marco normativo al sentir de la sociedad, pero aún más a sus necesidades específicas.

En este contexto, el actual gobierno del estado inició actividades con reformas a varios ordenamientos jurídicos para hacer realidad su programa de gobierno; otras iniciativas se encuentran  en proceso, por ejemplo trascendió a medios de comunicación la intención de crear la secretaria de justicia.

El inicio de todo gobierno es tiempo de reformas; así lo hizo el Presidente Peña Nieto, pues en los primeros años de su gobierno promovió las reformas necesarias para cristalizar su programa de trabajo; por ello la reforma educativa, en telecomunicaciones, la energética y muchas otras que se anunciaron con toda anticipación por el gobierno federal y que ahora están en marcha.

Aquí en Michoacán -ya lo decíamos-, son tiempos de reformas. El equipo y los operadores jurídicos  del nuevo gobierno deberán demostrar su capacidad y talento para adecuar el marco normativo de tal manera que el único beneficiado sea el pueblo michoacano.

En esta encomienda deberán escucharse las voces de la sociedad y de las instancias administrativas involucradas para que las propuestas se alimenten de la práctica y la experiencia.

Por lo pronto el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha levantado fuertemente la voz para alertar de la necesidad de cambios profundos en esa dependencia.

No es menor lo que señala el ombudsman, ni debe echarse en saco roto. Fundamentalmente refiere que desde su creación dicha comisión no ha tenido la plena autonomía ya que depende económicamente de la Secretaria de Finanzas del gobierno del Estado para los sueldos de sus empleados. El colmo lo constituye la presencia de sindicalizados adheridos a un sindicato del poder ejecutivo.

Desde que nació la Comisión Estatal de Derechos Humanos las cosas son así. Desde hace veinte años vienen arrastrando esta inconsistencia administrativa que de verdad afecta a la autonomía de la instancia defensora de los derechos humanos.

No es culpa del actual gobierno, el estado de cosas que prevalecen, pero sí su responsabilidad para corregirlas.

Debemos recordar que en nuestro país siempre se ha cuestionado el tema de los derechos humanos. Inclusive el gobierno intervencionista de los Estados Unidos de Norteamérica suspendió la entrega de apoyos económicos a México por considerar que este tema no se ha atendido debidamente, razón adicional para que el gobierno de Michoacán le ponga la atención debida.

Pero en este ánimo trasformador de la nueva administración, no debe estar sólo esta instancia que ha levantado fuertemente la voz, sino muchas áreas que requieren trasformaciones que las hagan más eficientes, eficaces y por supuesto autónomas.

A manera de ejemplo podemos anotar a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado donde prevalece una situación similar, y es necesario dotarla de autonomía plena para que sus funciones jurisdiccionales no se vean afectadas por la dependencia económica del gobierno.

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado también pasa por una situación similar, ya que le toca resolver las demandas interpuestas contra el poder ejecutivo y los ayuntamientos del Estado, y su personal pertenece a un sindicato del poder ejecutivo. Es Juez y parte podríamos decir, porque en muchas controversias tiene interés natural el ejecutivo y su propio sindicato.

El personal de estas instancias debe contar con estabilidad en el empleo; es urgente que  cuenten con la seguridad de sus emolumentos de tal manera que les permita una autonomía plena en sus actuaciones, y que no estén a expensas de los vaivenes de la política.

Seguramente como estas instancias podremos encontrar algunas otras en el gobierno. No se trata de buscar culpables o funcionarios omisos. Se trata de anteponer el interés social y de una vez por todas generar estas trasformaciones que seguramente beneficiaran a los michoacanos.

En este ánimo trasformador de inicio del gobierno bien vale la pena retomar estos pendientes, la sociedad michoacana lo merece.

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