Luis Sigfrido Gómez Campos Después de que se diera a conocer que la Guardia Nacional pasaría a formar parte de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), por declaraciones del Presidente de la República, un operativo militar en el municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco, irrumpió en una reunión de grupos de la delincuencia organizada y se desató la violencia en los estados de Guanajuato y Jalisco. Dos días después esa violencia se extendió hacia los estados del norte, Chihuahua y Baja California principalmente, por una riña iniciada dentro de un penal en Ciudad Juárez. La quema de vehículos de transporte público y camiones transportistas, así como el incendio de tiendas de conveniencia, fueron el principal objetivo de los grupos criminales. En esta escalada de violencia de la semana pasada, además de vehículos y comercios incendiados “se agredió a la población civil inocente”, según palabras del propio presidente López Obrador. El día sábado 350 efectivos del ejército y la Guardia Nacional arribaron a la ciudad de Tijuana como parte de un operativo conjunto para tratar de detener a los grupos violentos que tienen aterrorizada a la población. Al parecer, esta semana ha sido una de las más violentas de los últimos años, dejando un saldo incuantificable de daños materiales y la población de varias ciudades, aterrada por el escenario de brutalidad y barbarie. Ante estos hechos, los medios informativos y las redes sociales se han dado vuelo cuestionando severamente la política del presidente en materia de seguridad, señalando la falta de una política clara y eficaz para combatir el crimen y brindar seguridad a la ciudadanía. La propuesta presidencial de incorporar a la Guardia Nacional a la Sedena por medio de un decreto, fue tachado de inconstitucional y de formar parte de un proyecto nacional de militarización injustificable. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que él considera que estas acciones, que otros califican de militaristas, son parte de su responsabilidad y en beneficio de la nación y externó su preocupación de que, cuando termine su gobierno, las cosas vuelvan a ser como antes; que las corporaciones se seguridad pública regresen a depender de la Secretaría de Gobernación, así dijo. El problema de la inconstitucionalidad del decreto para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena el presidente López Obrador dijo que eso será una cuestión que deberá resolver el Poder Judicial de la Federación. Esto no gustó a la mayoría de los juristas que consideran que el presidente debería abstenerse de proponer decretos que contravengan a la Constitución. El fondo de la discusión pública nacional está marcado por la polarización prevaleciente. No hay medias tintas, o estás contra del presidente y su proyecto de la 4t y todo lo que diga y haga será severamente cuestionado y/o ridiculizado; o estas a favor de Andrés Manuel López Obrador y justificarás todas sus acciones porque forman parte de un proyecto mayor que procura el beneficio de las clases más necesitadas. Cualquier ambivalencia será observada con sospecha. El problema de la inseguridad pública y el fortalecimiento de los grupos criminales de la delincuencia organizada es un lastre que se viene arrastrando desde hace varios sexenios. Es una realidad que el actual gobierno heredó. El presidente Felipe Calderón tuvo una clara visión de la gravedad del problema y quiso resolverlo de manera directa: con una guerra declarada a la delincuencia. Los resultados están a la vista: su guerra sin cuartel fue un tremendo fiasco. Los otros gobiernos han nadado de muertito; es decir, nunca adoptaron políticas claras de seguridad pública que detuvieran el fortalecimiento de los grupos organizados de la delincuencia, ni tampoco crearon alternativas laborales, educativas, recreativas y culturales para que la juventud mexicana tuviera otras opciones que lo alejaran de los grupos criminales. Los resultados de esas políticas equivocadas fueron el fortalecimiento de la delincuencia y la actual crisis en materia de seguridad pública. Andrés Manuel López Obrador le apostó a que la violencia no se combate con la violencia y a una política de fortalecimiento de los valores de la juventud y creación de alternativas como el empleo y la educación para alejarla de las tentaciones de los grupos criminales. No ha querido enfrentar el crimen organizado con la violencia basado en la mala experiencia de Felipe Calderón, pero, a fin de cuentas, más allá de lo admirable de sus propósitos, los resultados son exiguos. El grado de la violencia desatada durante la semana pasada hace dudar de la eficacia de las medidas del presidente en materia de seguridad pública, al grado tal, que sus opositores están festinando el fracaso de todo su proyecto de transformación. La pregunta clave en este asunto de la seguridad pública es: ¿Realmente servirá de algo casarnos con la idea de que la solución a estos problemas está en hacer depender a la Guardia Nacional de la Sedena? Respóndalo usted mismo. luissigfrido@hotmail.com
La Voz de Michoacán
