Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Se declara “inconstitucional” la Ley Orgánica Municipal del estado de Michoacán. A poco más de un año de que la ley fue aprobada por el Congreso del Estado de Michoacán, el pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación dio marcha atrás a los puntos sustanciales de la legislación por no haber consultado a los pueblos indígenas y afromexicanos. Fue durante la tarde del jueves cuando trascendió la determinación de la Corte, que resolvió la controversia constitucional promovida por el municipio de Tangamandapio en contra de los artículos 114 y 120 de la Ley Orgánica Municipal aprobada aún por la pasada Legislatura local. Fue la controversia constitucional 56/2021, promovida por el municipio de Tangamandapio, la que demandó la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, publicada en el Periódico Oficial el 30 de marzo de 2021 mediante decreto 509. “En suplencia de la queja, una mayoría de ministras y ministros del Tribunal pleno estimó que los artículos impugnados de la Ley Orgánica citada son inconstitucionales por afectar los derechos e intereses de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad, sin que se haya llevado a cabo una consulta previa, de conformidad con los artículos 2 de la Constitución General y 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Por estos motivos, declaró su invalidez”, manifestó el máximo tribunal. El caso de Tangamandapio no es el único que se mantiene en tribunales. Recientemente el municipio de Erongarícuaro promovió un recurso de amparo y otros procesos judiciales ante la Suprema Corte para evitar perder la suficiencia presupuestal con la dispersión de los recursos municipales a las comunidades indígenas. Hasta este 2022 son más de 24 comunidades las que han alcanzado sus propios consejos comunales con presupuesto directo, lo cual ha generado las reacciones por parte de los presidentes municipales, quienes incluso han argumentado el riesgo de dejar inoperantes a los ayuntamientos de la Meseta Purépecha y otras regiones indígenas de la entidad. Tras darse a conocer la determinación del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que la decisión de la SCJN no afecta al derecho de las comunidades originarias al autogobierno y al presupuesto directo, el cual, aseguró, “sigue firme”. A través de sus canales oficiales, el jefe del Ejecutivo estatal aseguró que defenderá los intereses de las comunidades indígenas ante la determinación de la Corte, torda vez que, aseguró, lo anterior está consagrado en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “Sí consultamos a las comunidades”, aclaró Ramírez Bedolla tras emplazar a que una vez que reciban la resolución de la Corte volverán a convocar a los foros a los pueblos indígenas para volver a promover la aprobación de la Ley Orgánica Municipal tal como se requiere para todos los sectores en el estado. Ante la incertidumbre de que se “quite” el recurso a las comunidades originarias que ya ejercen su propio presupuesto, el Ejecutivo estatal aclaró que la determinación de la Corte no se puede aplicar de manera retroactiva, por lo que los 24 consejos conformados hasta este año no corren ningún peligro económico. “Decirles que el derecho al autogobierno, al presupuesto directo, sigue siendo un derecho constitucional consagrado por la Carta Magna. Decirles que nuestra convicción como gobernador es que este derecho al autogobierno a ejercer la autonomía está vigente y debe ejercerse. Haremos todo para que se pueda seguir ejerciendo. Es cierto que la Suprema Corte emite la resolución en donde invalida algunos artículos, pero el derecho sigue vigente. También quiero señalarles que convocamos a la unidad de las comunidades indígenas”, manifestó el mandatario estatal. Cabe destacar que hasta el cierre de esta edición ninguna de las comunidades indígenas del estado de Michoacán o consejos comunales se han manifestado por la decisión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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