Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. No habrá basificación ni sindicación de trabajadores durante la 75 legislatura michoacana, según acordaron por unanimidad los líderes parlamentarios del Congreso del Estado, conforme al oficio JCP/P/FCT/078/22 dirigido a la presidencia de la Mesa Directiva fechado el pasado 1 de agosto del presente año, en los días previos a la firma del contrato colectivo de trabajo con el sindicato de trabajadores al servicio del Poder Legislativo (Stasple). El sindicato consiguió un aumento salarial, seguro para gastos funerarios, apoyo a la canasta básica y pago de útiles, informó en comunicado la diputada Adriana Hernández, al calificar como exitoso el convenio con el líder del Stasple, Rogelio Vargas. La Junta de Coordinación Política acordó impedir la basificación y sindicación de más trabajadores del Congreso para sortear el déficit financiero por el que atraviesa, lo que deja sin efecto el supuesto acuerdo que invocó la representación sindical con Adriana Hernández para basificar a 40 trabajadores y sindicalizar otros 40. Es de resaltar que, en acuerdo previo de la Junta, fechado el 14 de junio y signado también por Adriana Hernández como presidenta del Congreso, los coordinadores parlamentarios instruyeron a la Secretaría de Finanzas del Congreso dar de baja a los trabajadores que, sin causa justificada, no checaran su asistencia durante cuatro días consecutivos. Fue una decisión institucional unánime, es decir, no faltó la firma de ningún coordinador ni de Hernández, aunque después varios escondieron la mano y se erigieron en defensores de los trabajadores, ante la tempestad mediática inducida. La Ley y las condiciones generales de trabajo establecen la obligación de checar, de los trabajadores que no son de confianza. Empero, varios legisladores locales argumentaron contra las disposiciones legales que protestaron cumplir y hacer cumplir. Es de mencionar que el Congreso ejerce actualmente un presupuesto deficitario que creció solamente 34 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2022, siendo que la inflación ya supera el 8 por ciento. El Comité de Administración y Control, pese a tres llamados formales por escrito de los coordinadores en el mes de diciembre, no presentó proyecto de gasto legislativo para este año con el respectivo incremento en el índice inflacionario. El déficit presupuestal y la inoperancia del Comité de Administración, que encabeza la fisioterapeuta Mónica Valdés, obligó a los coordinadores a cancelar el gran paquete de 273 plazas de confianza que usufructuaron los 40 diputados en el primer semestre del 2022, habiéndoles costado 58 millones de pesos. A diferencia de Octavio Ocampo, ex presidente del Congreso, que secuestró al entonces secretario de Administración y finanzas del Congreso para obligarlo a que le otorgara bases a sus amistades, dejando sembrados aviadores en el Congreso, la Junta de Coordinación Política de la actual legislatura decidió romper con esa injustificada práctica, acordando que no se otorgaran bases ni se sindicalizara más personal toda vez que no es necesario.
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