Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Ante la crisis de violencia, inseguridad e ingobernabilidad arraigada en las regiones de Tierra Caliente y Sierra Costa, las ciudades de Uruapan y Morelia se convirtieron en el “trampolín” para el éxodo de miles de familias hacia los Estados Unidos. A pesar del impacto social, el fenómeno de desplazamiento, tanto en tránsito como de quienes optan por quedarse en dichas urbes, ha pasado prácticamente inadvertidas para los gobiernos municipales. En voz de Brenda Fraga Gutiérrez. titular de la Secretaría del Migrante (Semigrante) de Michoacán, una de las principales deficiencias radica en la rezagada reacción de los Ayuntamientos como primeros respondientes al fenómeno de desplazamiento. Si bien la tendencia es de paso por Morelia y Uruapan, funcionarios locales también han señalado el surgimiento del fenómeno de desplazados y el incremento de colonias de orden irregular como consecuencia de esta problemática. “Hay muchas personas que vienen del Oriente. Morelia y Uruapan son las ciudades de recepción interna, pero de aquí buscan moverse a la frontera. No quieren quedarse porque la distancia geográfica no les permite protegerse. No hemos monitoreado eso porque justamente una de las deficiencias es la participación con los municipios y sobre todo en las colonias irregularidades”, manifestó Brenda Fraga. Para este 2022 el fenómeno de desplazamiento no se ha detenido a pesar de los avances en materia de seguridad y de reactivación económica de las regiones se Sierra Costa, Costa, Tierra Caliente e incluso las grandes ciudades del estado. En cuanto a numeraria, en la frontera norte del país se tienen contabilizadas 30 familias que han buscado apoyo para solicitar el asilo político ante el gobierno de los Estados Unidos de América en un plazo de entre 2 y 3 meses. No obstante, el universo de personas varadas en la frontera norte que huyó de la violencia de Michoacán oscila entre las 3 mil 500 personas solo en los albergues recientemente censados en Tijuana. En voz de la titular de la Semigrante, la capacidad presupuestal y de operatividad de la dependencia actualmente no permiten tener mayor alcance para verificar albergues en puntos como Mexicali, Ciudad Juárez y otros puntos de cruce de migración. Dijo la funcionaria estatal que uno de los enfoques a los cuales se han inclinado es la coordinación y capacitación de los municipios de las zonas de conflicto como los primeros respondientes al complejo fenómeno. “Hay personas que por su situación de amenaza no se toman el tiempo ni de poner la denuncia. Ellos se van con lo que llevan puestos y eso es otro gran problema. Justo al día de hoy el taller que vamos a tener es generar condiciones para el protocolo que se requiere para una persona o familia en desplazamiento”, atajó. Legislación, pendiente Marcos normativos y leyes nacionales de desplazamiento forzada están desfasados. A pesar de las necesidades, los congresos de todo el mundo no han podido atajar el fenómeno social. En voz de Martina Caterina, Oficial Legal en la Unidad de Desplazamiento Interno de la División de Protección Internacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y Carolina Reyes Rosiñol, asociada principal de Protección en México, señalaron que Michoacán no escapa de las debilidades institucionales en cuanto a atención al fenómeno de desplazamiento. En el taller ‘Leyes y políticas sobre personas internamente desplazadas: desarrollo y aplicación’, las especialistas desmenuzaron también las necesidades de atender en cuánto a estrategias locales. “La experiencia también nos ayuda en varios estados. Las intervenciones a nivel de políticas públicas nos pueden ayudar a intervenir en programas que ya existen de educación, vivienda, empleos, prevención de riesgo de desastres porque no solamente es la violencia”, manifestó Martina Caterina. A pesar de la importancia de ambas talleristas, más de la mitad de los asistentes fueron representantes de los titulares de dependencias estatales.
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