Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. El extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, continuará preso en el Reclusorio Norte para enfrentar los delitos de obstrucción de la justicia, tortura y desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Así lo determinó el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, la noche de este miércoles, al ratificar la prisión preventiva justificada que le había impuesto al exfuncionario para que se le siga el proceso penal por los delitos que se le acusan, todos cometidos de manera dolosa. “Se determina que debe subsistir la medida cautelar de prisión preventiva justificada, toda vez que no han variado de manera objetiva y suficiente las condiciones”, dijo Fuerte Tapia. Al cierre de la audiencia inicial celebrada en el Reclusorio Norte y luego de que le dictara vinculación a proceso, el juez otorgó a la Fiscalía General de la República (FGR) 3 meses para concluir la investigación complementaria. LO VINCULAN A PROCESO La tarde de este miércoles, un juez procesó al exprocurador Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. El extitular de la extinta PGR (2012-2015) compareció ante un juez en el Reclusorio Norte por más de nueve horas, donde estuvieron presentes familiares de los jóvenes desaparecidos para responder tras su arresto el viernes pasado en su domicilio al sur de la capital mexicana. En la continuación de la audiencia inicial, uno de los abogados del exfuncionario aseguró que “no hay una sola prueba” contra Murillo Karam, que no había ninguna persona que declarara en su contra ni testigos que lo involucraran en los hechos. Asimismo, pidió al juez declarar prescrito el delito de tortura y aplicar la norma con la penalidad más baja en el ilícito de desaparición forzada. Sus defensores pidieron que se desestimaran las conferencias de prensa que la actual Fiscalía General de la República (FGR) usó como pruebas para acusarlo. Entre ellas, la del 6 de octubre de 2014, cuando la PGR anunció la atracción del caso Ayotzinapa, la reunión del 7 de octubre en Iguala, donde estuvo el exgobernador Ángel Aguirre, y la del 27 de octubre, donde el exprocurador supuestamente giró instrucciones a Tomás Zerón, entonces director de la ahora extinta Agencia de Investigación Criminal, para que aplicara toda la fuerza del estado. Además de la conferencia del 7 de noviembre, donde se mencionó por primera vez la “verdad histórica”, que los abogados de Murillo calificaron como un concepto jurídico que no puede tomarse como prueba. La audiencia se da después de que el lunes el juez segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México otorgó una suspensión al exprocurador para que cese cualquier acto de incomunicación y ordenó garantizar su salud e integridad física. Esta mañana, durante su habitual conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el exprocurador debe hablar y decir "quién le dio la orden", incluso bajo una figura de testigo protegido. Murillo Karam está acusado de ser uno de los fabricantes de la "verdad histórica", una versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero. El arresto del exprocurador es el de mayor perfil del caso hasta ahora y ocurre tras el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó el jueves pasado que la desaparición de los 43 estudiantes fue un "crimen de Estado" en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que los estudiantes estén vivos.
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