Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, se opone al proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de declarar inconstitucional la figura de la Prisión Preventiva Oficiosa, porque llevaría a una catástrofe de impunidad. Si los ministros lo aprueban, significaría que imputados por delitos que ameritan Prisión Preventiva Oficiosa actualmente enfrentarían en libertad sus procesos judiciales y representan una amenaza para la paz social y el bienestar individual de las y los ciudadanos, expuso el mandatario estatal. Permitir que sigan en libertad las personas vinculadas a proceso por su responsabilidad en delitos graves, dejaría a las víctimas, a los testigos a los denunciantes y los propios jueces en una situación de riesgo que vulneraría también el sistema de justicia”. Convocó a los ministros a escuchar lo que piensan las víctimas directas e indirectas sobre la posibilidad de que sus agresores enfrenten en libertad el proceso penal en su contra. Ramírez Bedolla criticó que en la SCJN se preparan para declarar que es inconstitucional la Constitución, es decir, pretenden desconocer el artículo 19 de la Carga Magna que establece Prisión Preventiva Oficiosa para los siguientes delitos: Abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Además, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, y en materia de armas de futo y explosivos de uso exclusivo de fuerzas armadas. En caso se vote la inconstitucional de esta figura penal, el titular del Ejecutivo estatal propone que no se aplique de manera automática y se establezca un plazo razonable para revisar caso por caso las medidas cautelares vigentes y determinar justificada aquellas que deben prevalecer por seguridad de las víctimas o para evitar que los imputados puedan obstaculizar los procesos. También es indispensable que se fijen criterios para la imposición justificada de la Prisión Preventiva Oficiosa, pero todo eso requeriría de un gran debate, sobre todo de un gran encuentro legislativo a nivel federal y local para legislar en la materia.
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