Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Con base en las afectaciones económicas y sociales sufridas por años de extorsión y cobro de piso, en Michoacán se buscará que el delito, que hasta ahora se había mantenido protegido por el silencio, se persiga de oficio. Desde el cobro a los productores de aguacate, expendedores de pollos, limoneros e incluso a través de medios virtuales serán castigados sin la necesidad de una denuncia ante el ministerio público. El principal obstáculo para combatir a la extorsión como fenómeno de la violencia ha sido la presentación de las denuncias, reconoció el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, durante su gira de trabajo por la Ciudad de México. Prácticamente todos los años, el rubro del delito de extorsión queda en blanco o con escasas carpetas de investigación a pesar de que en prácticamente todas las regiones del estado se han denunciado fenómenos como el cobro de piso a comerciantes, productores del campo y otras actividades económicas. “Estamos muy atentos a este tema. Hemos creado una subsecretaría de investigación para enfrentar delitos de alto impacto, sobre todo en la extorsión, con un planteamiento táctico de inteligencia en el caso de homicidios y los delitos económicos” Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán “Requerimos modificar la ley porque la extorsión requiere y se persigue por querella, por denuncia; estamos analizando que se persiga de oficio cuando por fuentes abiertas, redes sociales se hagan evidentes las denuncias, aunque no sean ante ministerio público, pero sí ante la opinión pública”, manifestó, lo que significaría presentar en breve una iniciativa legislativa al respecto. NO DENUNCIAN Existen diferentes tipos de extorsión; si bien aquella relacionada al crimen organizado es la que ocupa los principales reflectores, prácticamente todos los días miles de personas son víctimas de intentos de extorsión vía telefónica o en redes sociales. Desde la llamada sobre un falso secuestro, amenazas de muerte a cambio de un deposito telefonía o la llamada del pariente migrante que requiere que se le depositen miles de pesos para poder ingresar al país, son la constante y si bien la mayoría de los ciudadanos no le dan importancia, aun representa un riesgo por la cantidad de datos personales que siguen siendo entregados a grupos delincuenciales. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que en los primeros 9 meses de este 2022 se documentaron poco más de 50 denuncias por el delito de extorsión en todas sus variantes. Enero con 5, otras 5 en febrero, marzo presentó 6, abril tuvo 5 más, mayo con 4, junio registró 7, julio reportó solo una, agosto tuvo 11 y septiembre con 6; así ha sido la incidencia de denuncias presentada ante las autoridades estatales por el delito cuya cifra gris, se presumen cientos de veces superior a la asentada en las carpetas de investigación. Especialistas refieren que recibe una llamada telefónica que lo confunde o lo presiona para obtener dinero u otro beneficio. Una persona es víctima de extorsión si le hacen creer que es un familiar en peligro (fingiendo voz de angustia), un servidor público o cualquier persona ajena que lo amenaza directamente; lo amenazan con el secuestro de algún familiar; le ofrecen ayuda para salir de un problema legal; le hacen creer que es beneficiario de un sorteo o rifa; es amenazado con la difamación pública o con sufrir daños; le exigen un depósito en cuentas bancarias, órdenes de pago o compra de tarjetas telefónicas. RECONOCEN QUE PERSISTE CIFRA GRIS El fiscal general del estado, Adrián López Solís, ha manifestado en diversas ocasiones la problemática sobre la cual asegura, trabajan sobre todo en lo que respecta a la confianza de la población al acercarse a denunciar a los ministerios públicos. La ampliación de las fiscalías regionales y hasta la instalación de sistemas de denuncia en línea, asegura, tendrán un impacto positivo para incrementar el espectro de conocimiento sobre este delito que año con año aparece en blanco en las cifras del SESNSP. Observatorio Ciudadano, organización ciudadana ha denunciado en sus últimas mediciones la preocupación en torno a la falta de datos en múltiples delitos, como es el caso de secuestro y extorsión; mientras menos datos se tienen disponibles de un fenómeno delictivo, es imposible desarrollar políticas de estado.
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