Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Plantea la autoridad finalmente la regulación de plataformas digitales de transporte en Michoacán. Miles de unidades de Uber, Didi y otras transnacionales entrarían en la nueva ley de movilidad urbana del estado. El proyecto presentado a los transportistas de esta entidad, contempla dar prioridad a los esquemas de transporte colectivo para desincentivar el uso de automóviles en las principales zonas urbanas de la entidad. Por lo anterior, establece que se reconoce la existencia jurídica de las plataformas digitales, sus unidades y sus operadores como unidades económicas será clave en este ajuste a la normativa. Se buscará para ello instalar un mecanismo de regulación con carga impositiva que logré poner “piso parejo” con respecto a los concesionarios de taxis y colectivos de todas las regiones. El gobierno estatal detalló que todo esto se manejaría mediante el concepto de transporte especializado con cargo del 3 por ciento del viaje, cargo que no tendrán que pagar los taxistas y transportistas concesionados. Con los criterios anteriores, la autoridad otorgará los permisos para realizar el servicio de transporte privado o asociado a través de constancias que tendrán que presentar los operadores a los inspectores de la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra) en caso de ser necesario o requerida. Asimismo, la propuesta de regularizar las plataformas incluye que parte de los recursos obtenidos a través de la recaudación de las plataformas irá destinado a un fondo del transporte público en la entidad. A más de un lustro de que Uber llegó a Michoacán y abrió las puertas para las plataformas digitales del esquema de transporte a la carta, el gobierno estima que actualmente hay más de 8 mil trabajadores del volante en al menos 6 plataformas distintas. En cuanto a unidades en circulación en ciudades como Morelia y Uruapan se calculan al menos 5 mil; debido a las necesidades de transporte, facilidad de uso, calidad del servicio y costos, fueron ganando terreno al transporte público regular. Con el fondo anterior, trascendió que se atenderán parte de las necesidades de infraestructura y economía de los más de 40 mil concesionarios que durante las últimas décadas han quedado al margen de los proyectos de movilidad urbana. Persiste rechazo del gremio de transportistas La propuesta anterior fue socializada el pasado 30 de noviembre ante los representantes de las diversas organizaciones de colectivos de todo el estado. Sin embargo, la respuesta en torno a las intenciones de regularizar a las plataformas se mantiene en un rotundo “no”. En voz de José Trinidad Martínez Pasalagua líder de la Comisión Reguladora del Transporte (CRT) en ninguna ciudad o entidad del mundo se han logrado los procesos de regulación de las plataformas por la política extractiva de las transnacionales como Uber. Ante los medios locales de comunicación, aseveró que no es cierto que existan tantos autos de plataformas prestando el servicio mediante estas plataformas, toda vez que la demanda de servicios y de movilidad no alcanza a dichos niveles. Acompañado de organizaciones de Uruapan y otras ciudades del estado, advirtió la invasión de unidades de taxi y otras concesiones federales prestando servicios de transporte en la ciudad de Morelia. “Algo que nos sorprendió es la situación que hablan de regularizar a todos los vehículos de Uber, Didi y todos los que andan en Morelia. Incluso dicen que andan en 8 mil y pues eso sabemos que no es cierto. También traemos de la zona metropolitana otros 4 mil vehículos funcionando como taxi, todos los taxistas de Tarímbaro, Charo, Álvaro Obregón se vienen a trabajar a Morelia”, explicó. Están listos para la lucha legal en caso de ser necesario. Martínez Pasalagua aclaró que, así como lucharon contra la verificación y otros proyectos estatales cuentan con el estado de fuerza social y jurídico para oponerse por la vía jurídica. “Todo el camino legal se tiene que estructurar en una realidad. Tenemos que conocer lo que va a contener y de ahí vamos a partir. Tenemos los abogados necesarios. Esa no es la vía, trastocar el derecho de miles de familias no es el objetivo. Son miles de familias las que dependen del transporte público”, explicó.
La Voz de Michoacán
