Jaime Darío Oseguera Méndez Ante la oposición a la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral propuesta por el gobierno, el llamado Plan B, puso en marcha una batería de reformas legales controvertidas, algunas de las cuales causarán polémica más allá de la coyuntura y van a ser el sello que identifique a Morena en su paso por el gobierno. Las reformas electorales tradicionalmente generan ruido; son en sí mismas debatibles porque expresan sentidos y visiones diferentes, muchas veces hasta contrarios. Sin embargo, había sido una tradición que las reformas a los mecanismos para repartir el poder, convocaran al consenso de todos los partidos. Eran valores entendidos. Hoy no está siendo así. Históricamente la oposición al viejo régimen había aprovechado las reformas electorales para irle “mordiendo” al gobierno, quitándole espacios de maniobra y acotar las prácticas que, en su perspectiva opositora, impedían el acceso al poder de “los otros”. Siempre había negociaciones que exhibían la perspectiva de todos los partidos. Fue la costumbre que justificaba y honraba al parlamento. Cuando no hay debate sobreviene la negación de la democracia. Cada quien ha jalado agua para su molino en las reformas electorales históricas. Todos los partidos plasmaron algo en su momento; la perspectiva desde el gobierno casi siempre era lograr consensos para que todos se sintieran parte del proceso reformador de la ley. Las grandes reformas electorales se caracterizaron al menos por tres elementos: siempre se orientaron a ciudadanizar el árbitro electoral; tuvieron el objetivo de combatir la desconfianza y, casi siempre las provocaba la oposición de cara a procesos electorales importantes. Hoy la critica que hacen al unísono la oposición y los analistas políticos es que a esta reforma no le interesó el consenso. Si acaso hubo una amenaza de los partidos satélites hoy de Morena para que les permitan seguir en la ubre. PT y Verde ganaron con la reforma. No tendrán que sacar el mínimo del 3% para obtener su registro: entre ellos se van a poder transferir votos cuando vayan en coalición. Un escenario bien parecido al que se define como delincuencia organizada. Ese fue el costo de sus votos por la reforma. Será un error si lo aprueban porque nadie puede sustituir la voluntad popular y, antes bien, deberían subir el umbral de votos necesarios para tener registro, representantes y prerrogativas. Lo que no es comprensible es que, si Morena está perfilado para ganar la elección del 2024, se lance a controvertir el sistema electoral que le dio el triunfo. Todo parece indicar que con la reforma no mejorará la confianza y tampoco se fortalece al árbitro electoral; antes, al contrario, se debilita. En lo personal me parece adecuada, oportuna y necesaria la transformación del INE. En un país con nuestras carencias es absurdo gastar tanto dinero en elecciones. Solo que eso fue producto de un proceso histórico largo, previo a la alternancia. El sistema basado en la desconfianza condujo a la creación de un árbitro electoral denso, pesado, caro, pero resolvió el problema de la credibilidad en los resultados. Ahora hay que partir de ahí, de su fortaleza, para irle quitando peso a través de una transformación paulatina, sin perder el camino andado en materia de confianza. La transformación de los órganos electorales debería ser un proceso gradual, en el que antes de desaparecer instituciones tenemos que pensar en sustituirlas. Si no hay dinero para autoridades electorales estatales o distritales, quiénes o cómo se van a sustituir. Tendrán que sobrevenir organismos que sean capaces de llevar a cabo la elección. No hay país en el mundo que tenga un padrón electoral diseñado con las minucias del nuestro. De hecho, en algunos lugares ni siquiera existe un listado nominal como tal. En California por ejemplo el registro de electores es municipal y se ajusta en cada proceso comicial. El elector va ante la autoridad electoral, dice que es vecino de tal o cual lugar y le dan su boleta. Nada más. En otros lugares no gastan las millonadas de nosotros en su permanente adecuación. Aquí se hizo porque hubo momentos cuando nadie creía en los resultados electorales. Lo mismo sucede con la credencial para votar. Es un esfuerzo titánico, caro pero muy eficiente que además ha servido como mecanismo de identificación de los ciudadanos. Ningún país del mundo gasta tanto en una credencial para votar que, en sí misma es el mejor emblema de nuestra desconfianza. Tiene de todo: hologramas, fotos, firma, huella digital, examen biométrico para obtenerla, domicilio, CURP, clave de elector: inaudito. Encima de lo anterior, en las casillas hay cuadernillos para que los funcionarios y representantes de partidos verifiquen la autenticidad de la credencial. Es el producto de la desconfianza que tenía la oposición en el gobierno: un sistema sin instituciones fuertes ni confiables y que fue encareciéndose con una pirámide gigantesca de burocracia, misma que sí debe irse, pero respetando sus derechos y en un proceso estratégico de fortalecimiento no desmantelamiento. Lo lamentable es que, en esta reforma electoral deberíamos estar discutiendo otros temas como la implementación del voto electrónico que es un gran desafío, y tiene que ver con el futuro de las elecciones no sólo en México sino en el mundo. Es una solución al problema: si tenemos urnas electrónicas cada vez necesitamos menos funcionarios cuidando y capacitando. ¿Será pronto discutido el voto por Internet? Habrá que analizar también las modalidades del “voto adelantado” para los migrantes, los discapacitados o quienes viajen; o para quienes así lo pidan. La reforma que se ha aprobado apunta a cambiar las reglas y disminuir los recursos. La pregunta es: ¿será más confiable el sistema? Al tiempo lo veremos.
La Voz de Michoacán
