Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Ponen punto final a la operación de los anexos y centros de internamiento para atención de las adicciones. A partir del primer minuto del 2023, la atención y tratamientos contra las adicciones tendrán que ser 100 por ciento ambulatoria y sin privaciones a la libertad de los pacientes. Solo en la ciudad de Morelia se cuenta con registro operativo de 180 establecimientos de este giro, mientras que al interior del estado se cuentan poco más de 400 regulares bajo el esquema de anexos. Aunado a lo anterior, existe un espectro de cientos de anexos que se mantienen en la clandestinidad y sin regulación de funcionamiento. En voz de Hebert Flores Leal, titular de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (COEPRIS), el paradigma para atender las adicciones ha cambiado desde la ley, en la norma y en los mecanismos de atención. En general, solo se podrá internar por menos de 3 días a cualquier persona siempre bajo su consentimiento. El resto de la atención tendrá que darse en seguimiento y sin privaciones de la libertad, tal como se había acostumbrado desde hace más de dos décadas. Por lo general, los “anexados” son en su mayoría jóvenes varones de entre los 15 y los 35 años de edad que son enviados contra su voluntad a dichos espacios en donde son completamente aislados. Si bien se cuenta con el permiso y el costo económico de sus familiares directos, principalmente los padres, se han detectado casos y denuncias de tortura, privaciones ilegales e incluso, de terapias de conversión a población diversa sexual. El exhorto de la autoridad sanitaria tuvo dos destinatarios; por un lado, a los gerentes de los anexos para que modifiquen su sistema de operación para mantenerse dentro de la ley y por otro, a las familias para que eviten anexos donde sigan aislando a las personas en tratamiento. "La mayoría son de larga estadía. Obviamente es un peligro grande porque migran a casas habitación y seguimos poniendo énfasis a que la gente denuncie. No hay tolerancia a eso porque la ley ya cambió", explicó el titular de la COEPRIS ante la opinión pública. A su llegada al gobierno del estado, la administración de Alfredo Ramírez Bedolla reconoció que la falta de atención a la salud mental y las adicciones fue uno de los principales motores para el desbordamiento de la violencia y la descomposición del tejido social. A falta de instituciones que atendieran la salud mental y las adicciones surgieron los anexos y centros de internamiento, mismos que en su mayoría han operado en la clandestinidad y sin los registros tanto de la COEPRIS como de los municipios. En lo últimos años se han dado a conocer denuncias públicas de abuso sexual, físico e incluso de que son centros vinculados al reclutamiento con el crimen organizado tanto al interior del estado como en la capital michoacana. Las encargadas de regularestos espacios es la Secretaría de Salud del Estado y por la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), que se dedican a la atención de adicciones de las personas que actualmente operan en el estado de Michoacán. Ante las posibles resistencias por parte de las instituciones particulares, Flores Leal señaló que aquellos espacios que incumplan con la legislación y el nuevo marco normativo serán sometidos a actos de clausura y en caso de ser necesario, turnados a las Fiscalías por los delitos que correspondan. "Hacemos operación cada semana y revisamos entre 8 y 10 establecimientos. Ya no se permiten los internamientos prolongados para personas con problemas de adicciones. La ley contempla estadías de no más de tres días y manejo ambulatorio. Hay que hacer una transición de todos los que están hospitalizados y la gente que dirige estos lugares tiene que entender que el internamiento ya no se permite", concluyó. En total, se estima que de los 1.4 millones de jóvenes del estado, hasta el 8 por ciento de los hombres presenta algún grado de adicción, mientras que en el caso de las mujeres jóvenes la cifra ya se encuentra al 7 por ciento, casi a la par.
La Voz de Michoacán
