Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. A más de 6 meses del asesinato de Frida en el municipio de Sahuayo, la justicia se sigue inclinando a favor del victimario. Quien fuera la pareja sentimental de la joven profesionista podría quedar libre luego de que la Fiscalía Regional de Jiquilpan reclasificó el delito de feminicidio por homicidio doloso e inició la búsqueda del procedimiento abreviado. De concretarse la estrategia de la Fiscalía, el asesino recibiría una pena de entre los 3 y los 5 años y quedaría libre con el pago de una fianza antes de que concluya esta misma semana. Lo anterior, será presentado este miércoles en la audiencia del caso. Manifestados en Morelia, los padres de Frida se sumaron para denunciar la situación que desde hace más de medio año han gritado: “la Fiscalía quiere beneficiar al feminicida, hay compadrazgos políticos y son los que están manejando el caso”. Señalaron que el presunto feminicida es hijo de un expresidente municipal de Sahuayo, el cual comparte lazos de compadrazgos sanguíneos y políticos directos con el fiscal regional de Jiquilpan, por lo que advierten que han hecho de todo para desestimar la acusación y proteger al victimario. Con lágrimas y voz entrecortada, Eduardo Santamaría, padre de Frida, narró que, aunado a lo anterior, la familia del victimario ha iniciado una campaña de desprestigio en contra de Frida Sofía y su familia las cuales incluso escalaron al grado de amenazas en contra de quienes únicamente se han unido a la exigencia de justicia. “Nos han amenazado por textos y hay una amenaza directa. Hay una persona que publica en Sahuayo y están denigrando a la imagen de mi hija. Crean redes falsas, dicen mil cosas y tengo bloqueada a muchas personas por mi salud mental”, manifestó el padre de familia desde la ciudad de Morelia. Acompañados por la colectiva feminista Mujeres Andando Procesos por Autonomías Sororales (MAPAS), se puso sobre la mesa la gran cantidad de irregularidades encontradas durante el proceso mismo. Las pruebas para imputar el delito de feminicidio, aseguran, se consiguieron a pesar de la Fiscalía regional y no gracias a ella. Foto: Cortesía “El adecuado procedimiento no se hizo. Todo lo hizo de manera arbitraria el ministerio público y la Fiscalía Regional de Jiquilpan. La familia no tenía conocimiento de nada de esto hasta apenas que les llegó la notificación por parte del juez. Si no es por el juez no hubieran sabido en qué momento el propio MP está reclasificando”, manifestó. Además, compartió la colectiva, “quieren llegar al procedimiento abreviado sin el conocimiento de la familia, pasan de feminicidio a homicidio culposo y eso es gravísimo porque no se están tomando en cuenta las víctimas”. Las integrantes de MAPAS advirtieron que además de los compadrazgos con el fiscal regional, la familia del victimario también mantiene relación cercana con Alfredo Anaya Orozco, quien es empresario y político de la región. SANCIONES CONTRA ENCUBRIDORES, EN EL LIMBO Desde el 2022 el gobierno de Michoacán anunció que sancionarán autoridades de procuración de justicia y jueces que entorpezcan y alarguen los procesos de judiciales por feminicidios. La iniciativa enviada por el ejecutivo estatal al Congreso local contempla revisar las condiciones en las que actúan los ministerios públicos en la integración de las carpetas de investigación, así como las decisiones tomadas por los jueces en aras de garantizar la justicia a las víctimas del feminicidio. En promedio, las causas penales por feminicidio se llegan a prolongar por más de dos años debido a las estrategias legales implementadas por la defensa legal de los imputados, lo cual aunado a que no se alcanzan las penas máximas, envía mensajes erróneos de impunidad a los agresores de mujeres. AMENAZA DE NUEVO LA IMPUNIDAD Fue el pasado 18 de junio cuando Frida disfrutaba de una fiesta en su natal Sahuayo. Más de 200 invitados no fueron obstáculo para que quien fuera su pareja sentimental se acercara y le disparara con un arma de fuego, según los testigos. La joven murió horas más tarde en el nosocomio de la región. La familia ha denunciado desde entonces los intentos por desestimar el asesinato de la joven de 23 años, profesionista y con ambiciones de ayudar a los niños con discapacidad. Los primeros reportes periciales incluso intentaron sentenciar que se habría tratado de un suicidio aun cuando los peritajes no correspondían a tal sentencia.
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