JAIME DARÍO OSEGUERA MÉNDEZ Esta semana durante la instalación del Consejo Estatal de Seguridad Pública el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla hizo una serie de pronunciamientos que a manera de diagnóstico permiten ver la grave crisis que atraviesan las fuerzas del orden en Michoacán. Las evidentes deficiencias en el estado de fuerza que presentan las corporaciones policiales son una emergencia para la estabilidad del estado y el futuro de nuestra sociedad. No es un alarde ni se trata de alarmar o preocupar a la población. Es momento de ocuparse de fondo. El Gobierno del Estado manifestó que los municipios estarán obligados a destinar hasta un 30% de los recursos obtenidos a través del Fondo de Fortalecimiento para la Paz, exclusivamente para las tareas de reclutamiento lo cual es una noticia importante con varias aristas a analizar. Sigue profundamente rezagado el ingreso de los municipios respecto a los estados y la federación y, aunque poco a poco les han ido dando más, la fiscalización municipal en la realidad es inexistente o inoperante. Si les van a dar más dinero es necesaria una mejor auditoría de los recursos. Se habló también en esa reunión de la coordinación necesaria entre diferentes instancias policiales. Este parece ser uno de los puntos más álgidos en cualquier estrategia de reclutamiento. Primero porque en sentido común, los policías de cualquier nivel deberían tener salarios homologados, es decir ganar lo mismo por niveles y el desarrollo de las actividades que realizan. Los niveles de reclutamiento son bajos en los municipios si los salarios son miserables. Ahí mismo en la reunión que cubrió informativamente La Voz de Michoacán se dijo que “hacia finales del 2022, el Gobierno del Estado de Michoacán reveló que los municipios (113) en conjunto cuentan con 3 mil 800 elementos policiales, mientras que la Guardia Nacional cuenta ya con 4 mil 800elementos destacados en todo el estado. En sólo cuatro años desplegada, la corporación federal superó a las 113 demarcaciones”. En los lugares donde son ostentosos los grupos delictivos, superan escandalosamente a las fuerzas policiales y de investigación. Seguridad Pública y Fiscalía. Alguna zonas geográficas de la Policía de Investigación por ejemplo, tienen dos o tres agentes de investigación por municipio, cuando se sabe de comunidades donde se presentan verdaderos ejércitos criminales en las calles. Entonces, es importante tener más policías y el reclutamiento es central, pero también que se encuentren bien pagados. Otro problema del reclutamiento naturalmente son las prestaciones. Habrá que investigar cuántos policías municipales tienen seguros de vida y de gastos médicos mayores y la cobertura. Es absurdo pensar que harán frente “con todo el peso de la ley” al crimen. Esas son frases de los políticos que no se exponen un milímetro a las amenazas que sufren los policías municipales. ¿Tienen esquemas de becas para sus hijos los policías municipales? Sorprendería mucho una respuesta positiva, así que en un escenario de enfrentamiento o amenaza, las fuerzas locales simplemente se subsumen a su dura realidad y ceden invariablemente a los apetitos de quienes los dirigen formal e informalmente. Ellos mismos, los policías, no cuentan con un esquema de capacitación y adiestramiento tan claro. Más aún, no aspiran a prepararse en los rudimentos de otras áreas profesionales como la criminología, derecho, seguridad pública y las variantes que se presentan en balística, grafoscopía, medicina forense, derechos humanos, etc. No se trata de ser ingenuos, sino de hablar con las palabras ciertas: el reclutamiento será exitoso en la medida en que se ofrezca una alternativa de vida a las personas. Un servicio profesional y no solamente un momento para salir del desempleo o el aburrimiento. Suponiendo que aumente el nivel de reclutas, habrá que capacitarlos en las materias más diversas, empezando por el manejo de las armas de fuego. Hoy los protocolos para el uso de la fuerza en los mandos policiacos han jugado en contra de la seguridad pública. Si un elemento de seguridad sabe que al enfrentar una situación violenta puede salir muerto o herido y, en caso de sobrevivir va a sufrir penalidades por haberse defendido, entonces no hay una convicción para entregarse a la seguridad pública. Es cierto que ha habido excesos policiacos y que la autoridad debe proteger a la población pero también habrá que revisar los procedimientos para cuidar a las fuerzas de seguridad en casos de evidente peligro, amenazas a su vida y la de los ciudadanos. Obviamente en una situación de desventaja numérica, con menores salarios, sin prestaciones ni armas, donde no están coordinados y prefieren no hacer uso de la fuerza, la policía no sirve a la comunidad. Termina sirviendo a la delincuencia y es común que engrosen sus filas y nóminas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) a cargo del INEGI, dos terceras partes de la población adulta que vive en las principales ciudades se siente insegura. Es un porcentaje que ha crecido paulatinamente en los años recientes. Este problema se acentúa por sexo: menos del treinta porciento de las mujeres se sienten seguras en las principales ciudades del país de acuerdo con los datos de diciembre del 2022. Para Michoacán la encuesta incluye tres municipios: Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas. Los tres con altísimas percepciones de inseguridad, destacando Uruapan, donde según la encuesta solamente el 13.5% de la población manifestó sentirse seguro. Lázaro Cárdenas está mitad y mitad y en Morelia el setenta porciento de la población se siente insegura. Casi todas las pestes de la actualidad pasan por el problema de la seguridad pública: la corrupción, impunidad, falta de expectativas, bajos salarios, informalidad. Se aplaude que haya una disposición actual del gobierno estatal para atacar el problema, porque con discursos nada más no hemos avanzado nada.
La Voz de Michoacán
