Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Suman más de 100 funcionarios en el estado de Michoacán bajo investigación por actos posibles de corrupción. A pesar del impacto de esta problemática en materia económica, política y social, ni un solo involucrado ha pisado la cárcel en la historia reciente de esta entidad, según reconoce la misma autoridad. Información de la Fiscalía de Combate a Corrupción de la Fiscalía General de Michoacán (FGE) expone que la mayor parte de las denuncias por actos de corrupción van dirigidas a funcionarios de los municipios, no obstante, prácticamente todos los poderes del estado y órdenes de gobierno registran algunos casos concretos. Solamente en lo que refiere al 2022, la Fiscalía de Combate a la Corrupción logró resarcir daños por 24 millones de pesos, cifra que se suma a los cientos de millones recuperados desde la creación de la unidad estatal, detalló su titular Alejandro Carrillo Ochoa. En el desglose, al menos el 60 por ciento del recurso recuperado corresponde a funcionarios de los municipios y el resto al Ejecutivo y el resto de los poderes. Asimismo, se suman involucrados del Poder Legislativo y Judicial. Sin embargo, en voz de Alejandro Carrillo Ochoa, titular de la Fiscalía Anticorrupción, a pesar del impacto de miles de millones de pesos que cuesta el fenómeno, no hay ni un solo funcionario en prisión. “Tenemos investigaciones hasta de administraciones anteriores. Son servidores públicos de municipios, estado e incluso de organismos autónomos y del poder Judicial y Legislativo”, refirió”. Sobre la cifra exacta de procesos abiertos y a pregunta expresa de esta casa editorial, manifestó: “tenemos más de 100 servidores públicos, el 60 por ciento se trata de servidores municipales contra 40 por ciento de servidores estatales y de otro orden y poder”. Apenas en julio del 2022 en el marco del informe de la Fiscalía General Anticorrupción, trascendió que cuanto a los servidores públicos investigados fueron observados 83 servidores públicos del Poder Ejecutivo, desglosados en 24 mujeres y 59 hombres; asimismo, 3 servidores públicos investigados del Poder legislativo, de los cuales fueron una mujer y dos hombres; 14 servidores públicos investigados del Poder Judicial de lo que resultó 6 mujeres y 8 hombres; 17 servidores públicos sujetos a investigación pertenecientes a organismos constitucionales autónomos, siendo 4 mujeres y 13 hombres los investigados. También fueron señalados servidores públicos investigados de presidencias municipales de los que se desglosan 14 mujeres y 42 hombres; 7 personas físicas investigadas, de las cuales nos arrojan a una mujer y 6 hombres investigados. En conclusión, en el periodo que se informa relativo a mayo del 2021 a mayo de este 2022, se investigaron 173 servidores públicos, siendo 49 mujeres y 124 hombres. Florecen denuncias contra administración silvanista En cuanto a labor de la pasada administración estatal, dura y continuamente fustigada por el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, suman más de 10 carpetas de investigación por posibles actos de corrupción durante el sexenio de Silvano Aureoles Conejo. Exjefes de departamento, exdirectores y otros cargos ya fueron denunciados ante las unidades de investigación de la Fiscalía General de Michoacán. En esta línea de ideas, Alejandro Carrillo Ochoa refirió que la cifra sigue creciendo, mientras que los resultados de los actos de investigación y los datos obtenidos se mantienen en reserva, para evitar posibles faltas en el debido proceso. A pregunta expresa sobre denuncias directas en contra del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, aclaró que al menos “un par de ellas” están dirigidas al perredista. No obstante, Carrillo Ochoa omitió más detalles para respetar la presunción de inocencia. Se sabe que al menos una de las carpetas de investigación en contra de la administración estatal 2015-2021 se trabaja entre la Fiscalía General de Michoacán y la otra directamente en la Fiscalía General de la República. Desconocen detalles de Auditoría Federal Respecto a las observaciones de casi 12 mil 046 millones de pesos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Alejandro Carrillo reconoció que de momento no cuenta con mayor información. Al tratarse de un tema administrativo de tipo federal, se tendrán que esperar los tiempos para que alguna información sea conocida públicamente a detalle. Sin embargo, en el plano estatal, a pesar de las denuncias, a un año y 4 meses de los relevos institucionales, aparentemente ninguna de las denuncias públicas emitidas por el gobernador y otros funcionarios de la actual administración contra el sexenio silvanista ha pasado a la etapa de judicialización.
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