Redacción / La Voz de Michoacán Michoacán. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de Pedro “N”, presunto responsable del delito de secuestro agravado, cometido contra un adolescente de 17 años, en el municipio de Ario. De las investigaciones realizadas por la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) se logró establecer que el pasado 9 de febrero, la víctima transitaba a bordo de una camioneta Dodge, tipo Ram 700, color guinda, sobre un camino de terracería, cuando fue interceptado por Pedro "N" y otras personas, quienes lo privaron de su libertad para después trasladarlo –en el mismo vehículo- a una zona cerril ubicada en El Tepamal, en el referido municipio. Una vez que se encontraron en el sitio, los infractores ataron de pies y manos al adolescente, quien se quedó al cuidado, presuntamente, de Pedro “N”, mientras que su cómplice llevó la camioneta a una brecha, donde la abandonó. De manera simultánea, los padres del adolescente fueron contactados para exigirles una importante cantidad de dinero a cambio de la vida del agraviado, por lo que de inmediato acudieron ante la UECS para presentar la denuncia. Ese mismo día, el ofendido logró escapar; sin embargo, continuó recibiendo exigencias. Durante una acción operativa implementada el pasado 15 de febrero, en aquel municipio, agentes de la Policía de Investigación de la UECS detuvieron a Santiago “N”, en los momentos en los que realizaba el cobro del rescate. Tras ser trasladado a la capital para dar continuidad al protocolo de su detención, Santiago “N” fue encontrado sin vida, al haberse suspendido con un cordón que pendía de lo alto de un barrote, hecho que fue del conocimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al continuar con las tareas de investigación, el agente del Ministerio público obtuvo datos de prueba de la posible participación de Pedro “N”, quien fue detenido con base a una orden de aprehensión. En audiencia, Pedro “N” fue vinculado a proceso, además, se le fijó prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria. La FGE refrenda su compromiso de mantener acciones que garanticen la seguridad y bienestar de las niñas, niños y adolescentes.
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