Luis Sigfrido Gómez Campos “Una cosa es el espionaje y otra la inteligencia, nosotros lo que hacemos es inteligencia para no usar la violencia, pero mi gobierno no espía”. Algo más o menos así dijo el presidente López Obrador a la periodista Nayeli Roldán, del medio informativo Animal Político que lo estuvo cuestionando durante la mañanera del pasado viernes. La reportera insistía, firme en su interrogatorio, quería saber si los militares contaban con la base legal para intervenir teléfonos de particulares sin la autorización judicial correspondiente, mientras el presidente trataba de justificar la actuación de los militares y denostaba a los medios informativos que habían realizado la investigación periodística. “Esos medios siempre han sido nuestros adversarios”, explicaba el mandatario. El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha sostenido que su gobierno es diferente a los regímenes pasados y que su administración no espía ni espiará a los gobernados. Sin embargo, la investigación realizada por la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), dice lo contrario, que los militares no han dejado de usar el spyware Pegasus, un dispositivo de tecnología de punta que se utiliza para realizar intervención en las comunicaciones desde el Centro de Inteligencia Militar (CMI). Se ha dicho que el talón de Aquiles del régimen de la cuarta transformación es la preponderancia hacia la militarización. El presidente de la república, comandante supremo de las fuerzas armadas, ha utilizado de manera estratégica al ejército para casi todos sus proyectos, desde la construcción de un aeropuerto hasta la seguridad pública. El presidente ha determinado jugársela con el ejército y está dispuesto a pagar el costo político de tal determinación. Siendo como lo es, un apasionado conocedor de la historia, sabe que el verdadero poder se ejerce teniendo a las fuerzas armadas de su lado. Desde que la revolución mexicana se institucionalizó, cuando se hizo partido la revolución, el ejército mexicano sirvió con lealtad a los gobiernos civiles. Jamás intentaron, a diferencia de las fuerzas armadas de los países del cono sur de nuestra América, un golpe de Estado. No obstante, hubo episodios negros como su participación en la matanza del dos de octubre de 1968, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien cargó con la responsabilidad histórica de ese acontecimiento bochornoso de nuestra historia. En ese episodio también estuvo muy involucrado Luis Echeverría Álvarez, Secretario de Gobernación en ese entonces. En la vida política de las naciones siempre ha existido espionaje político. Durante la llamada guerra fría, enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo que inició una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias se espiaron mutuamente, además de que utilizaron sus estrategias de manera interna para descubrir a sus detractores. En México, de manera interna, los gobiernos postrevolucionarios también espiaron a los grupos disidentes, lo cual se hacía al margen de la ley; es decir, siempre ha habido un ámbito de ambigüedad desde donde las gentes del poder han cometido ese tipo de abusos. En el Estado Moderno, el derecho ha incorporado nuevos mecanismos de protección del ciudadano; se han perfeccionado las instituciones democráticas y se han creado órganos defensores de los derechos humanos. La ciudadanía tiene una participación muy activa y crítica, tanto en las redes sociales, como en los movimientos de masas. No obstante, en países como el nuestro, la delincuencia organizada ha crecido de una manera incontrolada. Existen regiones del país donde pareciera que esos grupos tienen más poder que el gobierno. Es por eso que se hace necesario la instauración de mecanismos de investigación más acordes con la realidad, para contrarrestar el poder creciente de los grupos de la delincuencia. Sin embargo, la incorporación de la tecnología más avanzada a nivel planetario irrumpe en los sistemas democráticos violentando derechos fundamentales de los gobernados. Los organismos tanto internacionales como internos de derechos humanos, así como otras organizaciones sociales han cuestionado severamente el uso de esas nuevas tecnologías porque atentan contra la libertad y el derecho a la intimidad de los gobernados. La regla prevaleciente es que ese tipo de tecnología se use, pero de manera restringida: cuando la instancia que la usa cuente con la autorización judicial correspondiente. Es decir, que las autoridades no tengan una licencia abierta para intervenir la vida privada de los ciudadanos. Pero cuando exista la presunción fundada y motivada de que se podría cometer o estar cometiendo un crimen, se tramite de manera urgente una autorización judicial para intervenir un teléfono de un particular. Pero solamente en esos casos. Esa sería lo deseable en términos de legalidad. Hay quien opina que el presidente no debería servir de escudo al ejército; que no debería justificar a priori las acciones de los militares; que debería dejarlos que respondieran por sus actos ante la ciudadanía y, si es verdad que sólo realizan actos de inteligencia y no de espionaje, que lo expliquen directamente en una sesión mañanera. luissigfrido@hotmail.com
La Voz de Michoacán
