Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. Con 470 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma el último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, en materia de límite del gasto del programa anual de comunicación social en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, por lo que éstos no estarán sujetos a observar el límite de 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual. Los legisladores dieron luz verde al cambio propuesto por Morena para que los gobiernos y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, determinen su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, considerando los principios previstos en el artículo 5 bis de dicha ley: austeridad republicana, economía y racionalidad presupuestaria; finalidad, legalidad, oportunidad y territorialidad. La Comisión de Gobernación presentó el dictamen ante el pleno en la sesión de este miércoles, donde uno de los argumentos expuestos fue que al subsistir la norma sin modificaciones, las entidades federativas podrían no contar con los recursos suficientes para informar adecuadamente a los ciudadanos sobre las acciones y programas de sus respectivos gobiernos, originando posibles vulneraciones al derecho de acceso a la información. El panista Marco Humberto Aguilar Coronado señaló que los ajustes a esta ley han sido objeto de acciones de inconstitucionalidad presentadas por algunos diputados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determinará qué sucederá con el artículo 26 de la citada norma. El diputado de Morena, Mario Rafael Llergo Latournerie, propuso modificar la iniciativa para establecer que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México determinarán su propio límite de gasto del programa anual de comunicación social. El diputado morenista Julio César Moreno Rivera expresó que con el dictamen se evitan interpretaciones o desajustes en la legislación de comunicación social, dándole claridad y precisión, y se garantiza el derecho de la ciudadanía de estar siempre informada sobre las políticas y los programas de su gobierno, oportunamente y sin distinción alguna. Dijo que es necesario modificar la norma para que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México cumplan cabalmente con la obligación de transparentar y publicitar sus acciones ante sus gobernados. Precisó que para la Federación se mantiene el actual límite de 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente. “Es una reforma para que las entidades y municipios, atendiendo a su propia realidad, establezcan el límite de gasto para comunicación social, conforme a los principios de austeridad republicana para evitar el despilfarro de los bienes y recursos públicos y utilizarlos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, economía y racionalidad presupuestaria”. El documento fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales.
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