Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El estrado de Michoacán registra 5 mil 058 personas desaparecidas, pero la cifra negra es mayor por la impunidad y por colusión de autoridades con el crimen, manifestó la diputada Brenda Fraga, al proponer iniciativa para crear la ley estatal de desaparecidos y no localizados. El delito de desaparición forzada alcanzaría hasta los 50 años de prisión y se perseguiría de oficio, con sanciones imprescriptibles, sin posibilidad de amnistía ni de indulto para los delincuentes, de acuerdo con el anteproyecto legislativo turnado a comisiones. A quien oculte o destruya cadáveres o restos humanos para ocultar algún delito penal iría 20 años a la cárcel, según expone la iniciativa de homologación que presentó Brenda Fraga para buscar, investigar y localizar a personas cuyo paradero es desconocido. La Fiscalía del Estado haría persecución de oficio del delito de desaparición forzada, sin detener ni suspender las investigaciones ministeriales, hasta que se determine la suerte y el paradero del desaparecido o hasta que se identifiquen los restos mortales. Los cadáveres que no hayan sido identificados o reclamados no podrán ser incinerados, destruidos o desintegrados, se plantea dentro de la voluminosa propuesta de 130 artículos, en 95 páginas. Se ratifica el derecho de los familiares a proponer diligencias a las autoridades, acceder a los expedientes y obtener copias gratuitas. La desaparición forzada está arraigada en México, a pesar del fin de los regímenes antidemocráticos en el país, por la corrupción, por los obstáculos para acceder a la justicia, la impunidad y la participación de agentes del Estado, manifestó la petista. México ocupa el cuarto lugar en impunidad a nivel global, indica el Índice Global de Impunidad México 2018. Hay 97,901 registros de desaparecidos en el país, incluyendo los 5,058 en Michoacán. A nivel nacional, sólo existen 36 sentencias en materia de desaparición forzada, lo que representa el 0.074% de los casos de desaparición de personas. La falta de registros homologados dificulta la conformación de una base de datos confiable. Además, más de 70,000 migrantes han desaparecido en México en la última década, según el Movimiento Migrante Mesoamericano. La desaparición forzada consiste en privar de la libertad a alguien con la autorización o consentimiento de un funcionario. También incluye detener, arrestar o aprehender a alguien y privarlo de su libertad, negando u ocultando decir en dónde se encuentra. El gobierno de AMLO ha propuesto 11 medidas para buscar personas desaparecidas, tales como crear un Instituto Nacional de Identificación Forense, un Sistema Único de información de desaparecidos y un Banco Nacional de Datos Forenses, con asistencia técnica de la ONU y la Agencia de Cooperación Alemana. Cabe recordar que en 2008 México ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y en 2017 se publicó la Ley General de Desaparición Forzada y de Desaparición Cometida por Particulares. La desaparición forzada de personas viola al menos 9 derechos humanos, según la CNDH. La desesperación socioeconómica impide a los familiares ejercer derechos económicos, sociales y culturales. Según Brenda Fraga, la Ley de Desaparecidos y No Localizados del Estado complementa la Ley General y los tratados internacionales en la materia con la finalidad de proteger derechos de los desaparecidos, meter a los familiares en los operativos institucionales y crear un registro estatal de víctimas de este delito. El proyecto, un enredo burocrático Con pretensiones de exhaustividad y de perspectiva integral, la diputada Brenda Fraga presentó un farragoso texto de 130 artículos (de esos mamotretos de 95 páginas que no lee casi ningún diputado de las comisiones dictaminadoras del Congreso) para proponer un entramado interinstitucional que recuerda el laberinto burocrático en que se diluyó la fallida lucha anticorrupción en Michoacán. Se habla de crear un Consejo Estatal Ciudadano a partir de 11 nombramientos que haga el Congreso, previa “consulta pública”, y que no cobrarán ninguna remuneración por su desempeño. Se plantea erigir un sistema estatal de búsqueda para coordinar a todos los titulares de UPP en la materia, sin recibir ningún pago extra, haciendo eco al malogrado Sistema Estatal Anticorrupción. Previa “consulta pública” a colectivos, expertos y activistas, el titular de la Comisión de Búsqueda de desaparecidos e ilocalizados sería designado por el gobernador Ramírez Bedolla, a “propuesta” del secretario de Gobierno. Este personaje manejaría un fondo para activar búsquedas e implementar registros, con atribuciones para armar grupos de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarios. Seguiría existiendo la Fiscalía especial para investigar y perseguir la desaparición forzada y la cometida por particulares “con técnica de gestión estratégica, de cargas de trabajo y de flujos de caso”. Una de las novedades del proyecto es especificar la declaración especial de ausencia de una persona desaparecida. Otra, proponer hasta 20 años de prisión al que retenga u oculte al hijo nacido de mujer desaparecida, a sabiendas de tal circunstancia.
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