Luis Sigfrido Gómez Campos La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió varios asuntos entre los que se determinó que la Guardia Nacional (GN) deberá estar bajo un mando civil. Este tema, que en mi concepto no debería crear mayor revuelo, pasó a ser uno de los asuntos de mayor controversia en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. El quid del debate estriba en que las leyes mexicanas tradicionalmente han dispuesto que las funciones relativas a la seguridad pública estarán reservadas a mandos civiles y que las actividades castrenses solamente servirán para preservar la seguridad exterior e interior de la patria para casos que pongan en riesgo la seguridad de la nación. La intervención del ejército queda reservada para conflictos bélicos tanto externos como internos. Pero los asuntos de policía y buen gobierno, las cuestiones que tienen que ver con la seguridad pública y la persecución de los delitos, el auxilio en la procuración de justicia se debe realizar por corporaciones dedicadas de manera específica a esas funciones. Todo lo anterior implica una capacitación especial, pues su ámbito de actuación diario de estas corporaciones es el cuidado de las personas, su seguridad y la paz pública. Es muy delicada la función, pues, ya que entra en juego la vulnerabilidad de los derechos humanos de civiles que en la vida cotidiana aspiran a vivir tranquilamente. ¿Cómo enfrentaban los gobiernos pasados este problema? Muy simple: lo resolvían de manera pragmática pasándose por el arco del triunfo las disposiciones constitucionales que prohibían a las fuerzas castrenses realizar funciones de seguridad pública. ¿Y no había quién se quejara de estas violaciones? Sí, constantemente los periodistas que no estaban maiceados; la prensa independiente, pues, realizaba esta labor de denuncia pública de manera permanente. También los juristas destacados denunciaban estas anomalías como flagrantes violaciones a la Constitución; asimismo, los partidos políticos de oposición que alzaban su voz en tribuna y en distintos foros de denuncia, pero nadie les hacía caso; simplemente, se violaba la Constitución bajo el amparo del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. En ese entonces, el actual Presidente también llegó a reclamar que el ejército debía permanecer en los cuarteles. Esa era la consigna: “El ejército a los cuarteles”, y muchos estábamos de acuerdo en que, si la constitución lo establecía, las autoridades debían acatar puntualmente lo que dice la Carta Magna y meter a los soldados y marinos en sus cuarteles y sólo sacarlos para los casos de contingencia de algún desastre, para cuando estuviera en riesgo la seguridad de la nación, o para los desfiles; pero nada más. La justificación de los gobiernos anteriores era que se trataba de casos de fuerza mayor, como el surgimiento de grupos organizados de la delincuencia que cometen delitos atroces que alarman a la población y ponen en entredicho la fuerza del Estado para controlar vastas regiones de nuestro país en materia de seguridad pública. Es decir, las fuerzas regulares de los cuerpos policiacos estaban rebasadas o coludidas con los delincuentes, por lo que se hacía necesaria la cooperación de los militares y marinos en estas tareas de seguridad pública. Entonces, de manera práctica, sin reformar la Constitución, las fuerzas castrenses realizaban funciones de patrullaje e investigación en una estrategia de combate y en ocasiones “guerra declarada contra el narcotráfico”. Es incuestionable que la mayoría de los cuerpos de la policía que tenían la función de brindar seguridad pública a la población habían sido infiltrados o vivían amenazados por los grupos criminales. Seguramente había elementos y corporaciones que se mantuvieron firmes en el cumplimiento de su deber, a ellos debemos respeto y gratitud, pero, de cualquier modo, cargaron con la culpa de histórica de la generalización de una podredumbre reinante. Lastima. Desde el proceso de transición gubernamental de López Obrador fue anunciada la intención de crear la Guardia Nacional, y fue creada por decreto en el Diario Oficial de la Federación hasta el 26 de marzo de 2019. Para ello se reformaron varios artículos de la Carta Magna y se dejó inscrito de manera literal, un párrafo del artículo referido 21 constitucional: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil”. De estas líneas surge el gran problema. El pasado martes 18 la SCJN invalidó el traslado de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por considerarlo contrario a la Constitución. Se estimó que la adscripción operativa de la GN a la entidad militar violaba el artículo 21 Constitucional. Esta determinación de la Suprema Corte generó una reacción de enojo en el titular del Ejecutivo Federal, quien acusó a los ocho ministros que votaron esta determinación, de resolver con criterios políticos más que jurídicos; los llamó facciosos y los acusó de querer negociar en “lo oscurito”. Instruyó a los secretarios de Estado para que ni siquiera contesten las llamadas de los ministros. Esta reacción parece desproporcionada en términos del equilibrio que debe prevalecer entre los tres Poderes de la Unión. Yo considero que, como el propio Presidente López Obrador suele decir, se debe mandar obedeciendo. Nada pasaría, según creo yo. No sé, a lo mejor usted, lector, tiene una mejor opinión. luissigfrido@hotmail.com
La Voz de Michoacán
