EFE / La Voz de Michoacán Brasilia. La Justicia brasileña suspendió en forma temporal este miércoles los servicios de la aplicación Telegram, debido a que la empresa no ha entregado datos de grupos neonazis que difunden mensajes de odio y violencia, informaron fuentes oficiales. El ministro de Justicia, Flávio Dino, confirmó que un tribunal ha decidido suspender “temporalmente” los servicios de Telegram, que también pudiera recibir una fuerte sanción pecuniaria, porque la empresa no ha entregado a las autoridades los datos de usuarios que mantienen perfiles de un claro corte “nazi y neonazi”. Según el ministro, “la Policía Federal pidió y el Poder Judicial aceptó” la medida, porque “eso está en la base de la violencia que se ha desatado contra los niños y los adolescentes” en Brasil. Aludió así a una ola de ataques y amenazas contra escuelas que comenzó a inicios de este año y que ya ha causado incidentes en centros educativos de varias regiones del país. El más grave de los ataque ocurrió en la ciudad de Blumenau, en el sur del país, donde un hombre de 25 años ingresó armado con un hacha a una guardería y asesinó a 4 niños e hirió a otros 5. El Gobierno ha atribuido esos ataques, así como miles de amenazas difundidas a través de internet, a la actividad de grupos nazis y de ultraderecha que operan en el país y se articulan por servicios de mensajería o en las redes sociales. Frente a esa “situación de emergencia”, como la han calificado las autoridades, el Ministerio de Justicia endureció a principios de este mes las normas que rigen la actividad de las redes sociales en el país. De acuerdo a la nueva normativa, las empresas de redes sociales deben ser más estrictas con los contenidos, fiscalizar el grado de “amenaza” y colaborar “inmediatamente” con la Policía en la debida “identificación” de usuarios “peligrosos”, entre otras exigencias. Ese último punto, según la Justicia, no fue cumplido por Telegram y es lo que justifica la sanción anunciada este miércoles. El propio ministro Dino dijo, cuando anunció esas medidas, que esas compañías “son proveedoras de servicios y son responsables política, social y jurídicamente, pues seleccionan los contenidos” y “tienen influencia en lo que circula en internet”.
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