Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Suman al menos 21 quejas por violaciones a las garantías individuales de los michoacanos en retenes y operativos policiales. Prácticamente, las corporaciones policiales de los 3 niveles de gobierno han incurrido en abusos contra la ciudadanía tanto en Morelia como en el interior del estado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) destacó que la falta de protocolos de actuación en todas las instituciones es una de las principales deficiencias en los operativos desplegados en carreteras, vialidades principales, accesos a ciudades, espacios públicos e incluso zonas comerciales. Durante el último cuatrimestre, se emitieron un total de 2 recomendaciones relacionadas con el abuso de la fuerza y la violación al libre tránsito de los ciudadanos. Debido a las quejas presentadas contra la Guardia Nacional por casos de abuso, también se presentaron quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dentro de sus competencias. Esto se debe a que los puntos de control, retenes, filtros de seguridad y otras acciones similares han aumentado debido a la creciente crisis de violencia que enfrenta el estado de Michoacán en todas sus regiones. En el caso de Morelia, se advierte que los alcoholímetros y otros operativos realizados por la Policía Morelia son una de las preocupaciones principales, junto con el comportamiento de la Guardia Civil en el interior del estado. En cuanto a la corporación estatal, aunque cuentan con un protocolo, se han señalado constantemente abusos en el uso de la fuerza y detenciones arbitrarias, según destacó la CEDH ante la opinión pública. Marco Antonio Tinoco Álvarez, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señaló que la falta de protocolos de actuación en las policías, la Guardia Civil, la Guardia Nacional y los municipios sigue siendo una preocupación. Destacó que, en el caso del abuso contra el personal de un legislador local, se ha iniciado una queja de oficio y una investigación correspondiente para determinar la responsabilidad de aquellos que resulten responsables. “Tenemos 21 quejas en contra de la seguridad pública y en el último período del año pasado ya hemos emitido dos recomendaciones. Básicamente, esto se debe a la falta de seguimiento al uso racional de la fuerza y a la falta de protocolos de actuación para llevar a cabo estos puntos de inspección”, explicó el ombudsman en una entrevista para esta publicación. Recientemente, se dio a conocer el caso de un legislador que fue agredido junto con su equipo de trabajo por elementos de la Guardia Civil en un retén. A pesar de identificarse como ciudadanos y funcionarios, los detenidos fueron atacados con salvas de goma que les dejaron moretones y cortes en la espalda y los brazos. Esto fue denunciado como un acto de agresión directa por el diputado Reyes Galindo. Con respecto a este tema, Tinoco Álvarez aclaró que se ha iniciado una queja e investigación de oficio para, si es necesario, enviar recomendaciones y observaciones a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Sin réplica A pesar de la gravedad de la agresión, la cual fue expuesta incluso en medios locales de comunicación, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha guardado silencio respecto al actuar de los elementos. Asimismo, Tinoco Álvarez aseveró que se está revisando el concepto de reten y el uso de las fuerzas armadas para implementar este tipo de operativos de seguridad que se han vuelto comunes en carreteras, accesos a ciudades, colonias, vialidades principales y espacios públicos en general. Además, recordó, tal como lo establece el artículo 16 constitucional, que ningún ciudadano puede ser molestado en su persona o propiedad si no existe una orden de aprehensión, flagrancia de delito o falta administrativa. Si bien las condiciones de seguridad del estado han requerido medidas de contención, la inconstitucionalidad de las mismas ha sido evidente desde 2006. “En relación con los retenes, o mejor conocidos como retenes, hemos recibido quejas en contra de la Guardia Nacional, que no son de nuestra competencia, y las hemos remitido a la CNDH, así como en contra de la Guardia Civil y las Policías Municipales. Sin embargo, ha sido recurrente debido a la falta de protocolo”, concluyó, el también especialista en la defensa de los derechos humanos.
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