Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Urgentes, protocolos de actuación para la protección de las mujeres michoacanas ante la creciente violencia de género. A pesar de los decretos de ley y otros mecanismos de protección, la falta de capacitación en las instituciones locales sigue siendo el "talón de Aquiles" en el ámbito local. En voz de Carolina Rangel Gracida, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, si bien el avance en materia de leyes es importante, falta llevarlas a la práctica. Uno de los casos concretos fue el de la ley contra los deudores alimentarios, en donde aún con la creación de un padrón de deudores y otros mecanismos de protección, la falta de denuncias y demandas son el principal freno para el avance de dicha medida. Actualmente la tasa de impunidad para este y otros fenómenos de Violencia contra las mujeres son evidentes ante la falta de denuncias, la revictimización de las mismas e incluso, la falta de capacitación de las instancias locales para dar seguimiento a todos los temas. Actualmente, se cuentan con leyes nacionales y locales como la 3 de 3 contra la violencia de género, la Ley de Deudores Alimentarios, la Ley de Violencia Ácida, la Ley de Violencia Vicaria y otras más que a pesar de haber Sido publicada en los últimos años, aún distan de contar con un protocolo que les permita aterrizar a la realidad de cada una de las entidades federativas. “No solamente necesitamos la promulgación de las leyes sino también los protocolos para que justamente las fiscalías y las instituciones de primeros respondientes puedan atender a todas las mujeres que viven este tipo de violencia", manifestó la titular de la SEIMUJER ante la opinión pública. Para lo anterior, anunció que a partir de las próximas semanas comenzarán con trabajos de capacitación en las Fiscalías Regionales de la FGE para atender específicamente la labor de los Ministerios Públicos en razón de género y otros criterios que se tienen que atender cuando las Víctimas de homicidios, lesiones, extorsión, acoso y otros delitos más, sea una mujer. Y es que, según los datos dela propia SEIMUJER, en los últimos meses repuntó la cantidad de denuncias de mujeres por actos de violencia que van más allá del aspecto físico. Agresiones psicológicas, violencia vicaria, violencia económica e incluso digital han salido a la luz luego de los trabajos deconcientización a las mujeres sobre las distintas modalidades que ha tomado la violencia. “Ha empezado a denunciarse la violencia psicológica. Esto de que tú no puedes, sin mi te vas a quedar sola, no vas a salir adelante y hay estás denuncias y la ley 3 de 3 lo pone en el ámbito de no solo funcionarias sino también el tema de los deudores alimentarios. No hay denuncias aún. Justo que empecemos a visibilizar. Ya con esta ley, que ya solo falta su publicación tenemos que empezar con protocolos. No son solo la promulgación de leyes sino también de protocolos para que justamente las fiscalías puedan atender a todas las mujeres que viven este tipo de violencia”, explicó. Uno de los puntos de mayor afectación por la falta de protocolos es la violencia generada por los deudores alimentarios. Incluso, Michoacán se encuentra entre los 10 estados de la República que se mantienen pendientes de hacer lo propio en torno a generar una ley local homologada a las disposiciones del contexto nacional. Anualmente se presentan hasta 50 mil demandas tras la disolución de matrimonios o rupturas de parejas, de las cuales la mayor parte terminan en incumplimiento e incluso, en actos de impunidad. La situación no es privativa del estado de Michoacán; a nivel nacional se ingresan anualmente 900 mil solicitudes de guardia de custodios de infancias y pensión alimenticia. En 2023, la cifra de resolución es de menos de la mitad según destacó la funcionaria federal. La cifra incluso se sigue reduciendo conforme avanza el proceso judicial; una vez que se recibe una sentencia no se cumplimentan las condiciones dictadas por el juez. Del panorama anterior se desprende que el nivel de cumplimiento de las demandas de pensión alimenticia es apenas de un 10 por ciento. En la cifra de la media nacional Michoacán se encuentra prácticamente apegado.
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