Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Una serie de inconsistencias en los informes homologados hechos por las autoridades federales que detuvieron a los implicados en el culiacanazo 2.0 permitió la liberación de cuatro de los 17 detenidos, mientras que al resto se les retiró el cargo de terrorismo y solo fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Mediante una solicitud de transparencia a la Fiscalía General de la República (FGR), se tuvo conocimiento de la captura de 17 personas: 16 hombres y una mujer, por los hechos de violencia los días 5 y 6 de enero de 2023 en Culiacán, Sinaloa, tras la detención en el poblado de Jesús María de Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán. De acuerdo con la FGR, cuatro fueron liberados al no poder comprobar su participación en los hechos donde perdieron la vida 29 personas, 35 resultaron heridas y 256 vehículos fueron quemados. Se informó que tras el recurso presentado por el abogado de uno de los imputados, identificado como Jaciel Iván López Parra, ante el tribunal colegiado de apelaciones del decimoprimer circuito con sede en Morelia, Michoacán, se desechó la acusación de terrorismo contra los 13 señalados. Un documento judicial señala que el abogado resaltó inconsistencias en declaraciones de los efectivos que participaron en las capturas. Según el informe parcial 4/2023, elaborado el 7 de enero de 2023, un fiscal federal argumentó en sus datos de prueba que los detenidos dispararon contra elementos al ingresar a Jesús María. Tras la agresión fueron aseguradas tres armas tipo ametralladoras calibre 5.56x45, siete armas de fuego tipo fusil, 475 cartuchos de calibre 5.56x45, 612 de 7.62x93, ocho cargadores calibre 5.56x45 y veinte de 7.62x39. El agente de la FGR argumentó que los actos de violencia buscaban generar alarma y temor en la población, “para presionar a las autoridades y obligarlas a liberar a su jefe, el señor Ovidio”. Sin embargo, los señalamientos se fueron por la borda porque los elementos aprehensores no señalaron en su informe que “los imputados realizaran dichas conductas, ni antes ni después de la detención, tampoco que su jefe fuera la persona nombrada por el fiscal”. Lo más grave es que los efectivos federales no tenían certeza de que los detenidos fueran sus agresores. Se comprobó que hubo inconsistencias porque no se preservó la escena del crimen, no se tomaron fotografías para evidenciar las pruebas, no se documentó la cadena de custodia ni se hicieron exámenes para detectar pólvora en las manos de los detenidos. Por ello, un tribunal de alzada desechó la acusación de terrorismo contra las 17 personas y fueron imputadas por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
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