EFE / La Voz de Michoacán México.- Desde hace apenas tres años el Cártel de Jalisco Nueva Generación comenzó a fortalecer a bandas criminales de ecuador, cuando el Cartel de Sinaloa tiene presencia desde hace 20 años, de acuerdo con un informe realizado en ese país. Autoridades de Ecuador atribuyen al (CJNG) la violencia entre grupos criminales que se registra desde el año 2020. “La confrontación entre organizaciones ecuatorianas desde el año 2020 estaría directamente relacionado al posicionamiento y generación de alianzas de estas organizaciones con el CJNG, con el fin de brindar el servicio logístico recibiendo a cambio armas de fuego y drogas ilícitas, lo que ha permitido la expansión y fortalecimiento de las organizaciones locales para el tráfico de consumo interno y tráfico internacional de drogas”, indica un informe elaborado por la dirección antinarcóticos de la Policía Nacional de Ecuador. Se destaca que para el CJNG Ecuador es un corredor estratégico para el tráfico aéreo y marítimo, tanto de armas como de drogas. AI pide proteger los derechos humanos en Ecuador Amnistía Internacional (AI) expresó este viernes su preocupación por la situación de violencia en Ecuador, sobre todo tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y pidió a las autoridades proteger los derechos humanos de cara a las elecciones del próximo domingo 20 de agosto. La organización no gubernamental, cuya sede global se encuentra en Londres, emitió un mensaje de su directora para las Américas, la mexicana Erika Guevara, en el que dijo que "las autoridades deben salvaguardar los derechos humanos ante la violencia pre-electoral". "Amnistía Internacional está sumamente preocupada por la actual situación de violencia en Ecuador, el cual se enfrenta a un fuerte aumento en su tasa de homicidios, así como a una serie de asesinatos de personas candidatas a cargos públicos en las últimas semanas, que culminaron con el asesinato de Fernando Villavicencio, aparentemente por motivos políticos", aseguró Guevara. Agregó que "las víctimas de la actual oleada de violencia política merecen verdad, justicia y reparación, y las autoridades deben tomar medidas céleres para investigar estos crímenes". Asimismo, remarcó que el estado de excepción aplicado por el Gobierno del conservador Guillermo Lasso en respuesta al crimen de Villavicencio "no debe abrir la puerta a graves violaciones de los derechos humanos que podrían socavar la seguridad de toda la población" en Ecuador. "En los últimos meses, Ecuador se ha enfrentado a una crisis de inseguridad, concentrada principalmente en las zonas costeras cercanas a las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, y vinculada a actividades de la delincuencia organizada", recordó AI. Comentó que en mayo pasado el presidente Lasso emitió un decreto que permitía el despliegue de las fuerzas militares en todo el territorio nacional "para reprimir la amenaza terrorista" en el país, "sin poner ningún límite temporal a esta orden". Dicho decreto, según AI, contravino "las normas internacionales sobre el despliegue de Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, que exigen que tales decisiones estén limitadas temporal y geográficamente". El estado de excepción declarado en respuesta al asesinato de Villavicencio, con una duración de 60 días, suspende una serie de derechos y permite a las fuerzas del orden "entrar en residencias y locales para realizar registros y confiscar bienes", así como "acceder a correspondencia", agregó. La organización humanitaria recordó a las autoridades ecuatorianas que "ciertos derechos no deben ser nunca objeto de suspensión, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos". "El derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el principio de legalidad, es decir, la exigencia de que tanto la responsabilidad penal como el castigo se limiten a disposiciones claras y precisas de la ley, y el reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las personas son derechos relevantes en relación con el reciente despliegue de fuerzas armadas en todo el país", apuntó. En este año la Policía Nacional de Ecuador ha abatido a medio centenar de presuntos delincuentes tras modificar el reglamento de uso legítimo de la fuerza, que permite a los agentes abrir fuego contra autores de delitos en flagrancia donde los policías, bajo su propio criterio, conciban algún tipo de amenaza para ellos o para otras personas. Perú refuerza la frontera con Ecuador El ministro del Interior peruano, Vicente Romero, aseguró este viernes que la Policía Nacional ha reforzado la vigilancia en la frontera entre Perú y Ecuador, con el objetivo de prevenir una posible fuga de los miembros de la banda criminal a la que se adjudica el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. En una declaración recogida por la agencia estatal Andina, Romero detalló que el refuerzo consta de 200 agentes de la Policía Nacional de Perú (PNP), además de tomar "las previsiones necesarias". "Se trabaja también a nivel de inteligencia entre las dos policías para poder facilitar la captura de estos criminales", anotó el titular de Interior. En este sentido, detalló que están "trabajando con el comandante general de la Policía Nacional tras producidos los hechos, y con el jefe de región policial de Tumbes", la región fronteriza con Ecuador.
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