Leo Zuckermann Son de esas ideas que suenan bien en el papel, muy políticamente correctas, pero que en la práctica representan un atentado en contra de una de las libertades más apreciadas de todas: la de expresión. Un grupito de burócratas tiene el poder de enjuiciar las opiniones de un comentarista, sentenciarlo, penalizarlo e incluso incluirlo en una lista de apestados. ¿A quién se le ocurrió esta barbaridad? A nuestros congresistas que, con buenas intenciones, legislaron para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género. Es indudable que en nuestro país hay agresiones contra las mujeres que ejercen la profesión de la política: amenazas, intimidaciones, agresiones y hasta asesinatos. Es innegable que había que hacer algo al respecto. Pero, como suele suceder en estos casos, los legisladores se emocionaron y acabaron produciendo leyes exageradas y contraproducentes. La norma incluye a los “medios de comunicación y sus integrantes” como sujetos que pueden perpetrar este tipo de violencia. Está penado “difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos”. Perfecto. Pero, ¿quién decide que algún medio o periodistas realizó alguna de estas acciones? Nuestras insignes autoridades electorales. ¿Con qué criterios decide este grupo de servidores públicos si alguien en los medios cometió violencia política por razones de género? ¿Cómo diferenciar un hecho periodístico de una opinión personal? Veamos, por ejemplo, el caso de la analista Denise Dresser, colaboradora del programa “Es la hora de opinar” que conduzco en FORO. En diferentes foros opinó sobre el viaje que hizo una diputada, Andrea Chávez, en un avión gubernamental. La legisladora, que no acaba de explicar bien a bien qué hacía en esa aeronave, se enojó y demandó a Denise por violencia política por razones de género. El INE le dio la razón y ordenó medidas cautelares en contra de la comentarista quien, de inmediato, impugnó esta decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Una de sus salas especializadas revisó el caso, condenó a Dresser y le impuso una multa de 20 mil 748 pesos, así como la obligación de disculparse públicamente y tomar un curso de este tipo de violencia. ¿No tiene derecho Denise de decir lo que se le pegue la gana sobre Andrea? ¿Por qué sancionar su opinión? ¿Qué criterios utilizan los burócratas para censurar la libertad de expresión? ¿Por qué las mismas autoridades se declararon incompetentes para sancionar a Ricardo Salinas, dueño de TV Azteca, cuando la senadora Citlali Hernández lo demandó por este tipo de violencia? La diputada Chávez no solo ha demandado a Dresser. También a Carlos Loret, Raymundo Riva Palacio, Guadalupe Loaeza, Fernando Belaunzarán, Lourdes Mendoza, Verónica Malo, Federico Arreola, Hiroshi Takahashi, “Chumel” Torres, Nayeli Roldán, y Leopoldo Mendívil. Esta mujer, que no ha dado explicaciones de por qué viajó en un avión oficial, pretende acallar las críticas que recibió en los medios. Y las autoridades electorales le están dando la razón. Increíble. Parece que no tienen otra cosa que hacer. Lo peor es que ordenaron la inclusión de Dresser en el “Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género” por un plazo de un año seis meses. Revisé dicho Registro en el sitio de INE. Me atrevo a caracterizarlo como una porquería en cuanto a la inclusión de colegas periodistas y comentaristas. No es otra cosa más que una lista negra que atenta contra la libertad de expresión. A lo que hemos llegado. Políticos presuntamente corruptos de piel muy finita, en contubernio con las autoridades electorales, pretenden acallar voces críticas en los medios. Las sancionan e incluyen en listas negras. No se meten con el dueño de un medio, pero si con los periodistas y analistas. Utilizan un doble rasero. Yo creo que solo debería haber uno: el imperio de la libertad de expresión y el sentido común de las autoridades. Que cada quien que se haga responsable de lo que dice. Dejar que los medios hagan su trabajo. Ni sancionar ni incluir en listas negras a nadie que opine públicamente, sea patrón o trabajador. Denise está impugnando el fallo de la sala especializada frente a la Sala Superior del TEPJF. Espero que los magistrados sí vean el burdo intento que están realizando los políticos de acallar voces críticas en los medios y se pongan del lado de la libertad de expresión. X: @leozuckermann
La Voz de Michoacán
