Redacción / La Voz de Michoacán Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La organización Pueblo Creyente, del municipio de Chicomuselo, denunció que agentes de pastoral y servidoras de la parroquia local fueron detenidos por integrantes de la agrupación El Maíz, considerada base social del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En un comunicado señaló que los hechos ocurrieron este sábado, cuando decenas de colaboradores de la parroquia de San Pedro y San Pablo, con sede en Chicomuselo, volvían de una asamblea parroquial en las proximidades del desvió del barrio Chachahual, sobre la carretera que enlaza a Chicomuselo con La Concordia, “donde El Maíz tiene ubicada una de las tantas casetas para control del pueblo”, fueron detenidos e interrogados. Al salir del desvío del ejido Nueva Morelia, indicó, vieron a un grupo de hombres que les dijeron que transitaran despacio porque los detendrían en la caseta. "Nuestras hermanas y hermanos fueron detenidos por aproximadamente media hora y los interrogaron sobre quiénes eran, de dónde venían, qué hicieron y hacia dónde se dirigían. A algunos les pidieron identificación”, dijeron. La denuncia añadió que una de las personas que los detuvo se comunicó por radio. Señaló que le hablaría a su jefe, y al comunicarse decían que tenían detenidas las camionetas con gente, que había niños, mujeres y hombres, que faltaban dos camionetas más y que dos más ya se les habían pasado antes. Poco después llegaron algunos taxis y camionetas con hombres de El Maíz, quienes tomaron fotografías y videos a las camionetas "con las hermanas y hermanos a bordo". Minutos después los dejaron pasar, aunque añadió la organización, nos preocupa su seguridad y la de todo el pueblo "que sigue siendo violentado en todas sus formas". El Pueblo Creyente enfatizó que la omisión del Estado y la complicidad con los grupos criminales pone en riesgo total a la población en medio de la incertidumbre para quienes "aún estamos en el pueblo; muchos más han decidido migrar, dejando todo su patrimonio que con tanto esfuerzo han logrado”. En la zona, denunció que se sufre atropellos a sus derechos humanos y colectivos; en constantes amenazas, intimidación, hostigamiento, despojo de sus bienes naturales y materiales, además de migración forzada, persecución, detenciones, desapariciones y asesinatos sin que hasta el momento haya respuesta "del Estado cómplice ante tanta injusticia". La situación, recalcó Pueblo Creyente, es de estado de sitio como se ha denunciado en otras ocasiones; es decir, el pueblo esta sitiado por el crimen organizado. "No podemos movernos con libertad, salir de casa implica salir con miedo a lo que pueda sucedernos al pasar por sus retenes, revisiones, hostigamientos e intimidaciones”. La organización exigió al gobierno atención urgente "al grito de paz" de sus pueblos, así como el restablecimiento del orden social sin que se ponga en riesgo a la sociedad civil en resistencia a estos grupos criminales. Asimismo, que haya restablecimiento del libre tránsito respeto a sus derechos humanos y colectivos, atención urgente al saqueo y explotación minera en sus comunidades cometido por gente armada "que sigue intimidando y amenazando a la población", respeto a su labor pastoral en la búsqueda y construcción de la paz con justicia y dignidad para todos.
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