Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán.- El miércoles pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) reveló un nuevo protocolo de protección dirigido a los partidos políticos, con el propósito de resguardar a los candidatos de posibles amenazas durante las campañas electorales de 2024. Aunque esta iniciativa pretende fortalecer la seguridad en el proceso electoral, ha generado intensas críticas, especialmente por parte de los líderes nacionales del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes la consideran insuficiente. Argumentan que la influencia del crimen organizado en el proceso electoral es demasiado grave para la solución propuesta. En contraste, representantes de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo respaldaron el protocolo diseñado por el INE y el gabinete de seguridad federal. Aseguraron que el gobierno cuenta con la capacidad necesaria para garantizar elecciones pacíficas y acusaron a la oposición de utilizar el tema de la inseguridad y la violencia como herramienta propagandística en sus campañas. Durante la reunión con los consejeros del INE, la consejera presidenta Guadalupe Taddei explicó minuciosamente el funcionamiento del protocolo. Este mecanismo recibirá solicitudes de protección por escrito de los partidos para sus candidatos, canalizándolas a las autoridades de seguridad, ya sea federales o locales, a través de una mesa de coordinación interinstitucional operativa las 24 horas, los siete días de la semana. Las solicitudes se clasificarán según el nivel de riesgo denunciado, y la información se sistematizará para identificar las zonas más peligrosas para los candidatos. Taddei enfatizó que el INE no elaborará mapas de riesgo, ya que esa tarea corresponde a las autoridades de seguridad. Aceptó las limitaciones del instituto en este tema y se comprometió a canalizar denuncias e inquietudes de los partidos a las autoridades correspondientes. Al concluir la reunión, los líderes del PAN y el PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, expresaron su descontento con el mecanismo presentado. Revelaron informes sobre dirigentes y aspirantes que abandonaron candidaturas debido a amenazas de grupos criminales. Cortés propuso que el gobierno federal asuma la responsabilidad de un proceso electoral violento e inseguro y exigió evaluaciones periódicas de las medidas propuestas. Jesús Zambrano, del PRD, sugirió un acuerdo por la seguridad entre partidos, la autoridad electoral y los partidos políticos, para que, ante eventos violentos o intervenciones del crimen organizado, todas las fuerzas políticas rechacen de manera unánime los hechos. El representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, consideró el protocolo como un "gran avance" y anunció que el blindaje al proceso se abordará en un grupo de trabajo en la Cámara de Diputados, creado el mismo miércoles para dar seguimiento a las elecciones. Invitó a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, a discutir con las fuerzas políticas las medidas para garantizar elecciones en paz el próximo 19 de febrero. En este contexto desde las elecciones de 2018, la violencia contra aspirantes ha sido un tema recurrente. En el actual proceso electoral 2023-2024, se han registrado al menos 13 asesinatos de aspirantes, lo que ha llevado a organizaciones como Data Cívica a calificar el 2023 como el año de mayor incidencia en violencia política. Advierten sobre el aumento de agresiones, amenazas y homicidios a medida que se acerca la jornada electoral del próximo 2 de junio.
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