Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. - En un sorpresivo giro político, el gobierno chavista liderado por Nicolás Maduro parece haber dado marcha atrás en sus avances recientes, desencadenando una nueva ola de represión que ha levantado preocupaciones a nivel nacional e internacional. Los acuerdos de Barbados, que buscaba mejoras en el registro electoral, acceso a medios de comunicación y protección de candidatos, que representaron un rayo de esperanza para la recuperación de la estabilidad política en Venezuela, ahora quedan en entredicho. En menos de tres meses, la situación ha dado un vuelco marcado por detenciones masivas de opositores, el bloqueo de la candidatura de la destacada líder María Corina Machado y la encarcelación de Rocío San Miguel, reconocida defensora de derechos humanos especializada en el monitoreo de las Fuerzas Armadas Nacionales. A nivel interno, el chavismo ha retomado estrategias previas para silenciar a sus adversarios políticos, sumiendo al país sudamericano en una nueva crisis institucional. Mientras tanto, los esfuerzos por reconstruir la imagen internacional de Venezuela parecen desmoronarse, a pesar de los avances diplomáticos recientes, incluyendo conversaciones directas con Estados Unidos y la recuperación de credenciales de embajadores. La escalada represiva alcanzó un nuevo nivel esta semana con la detención de la abogada Rocío San Miguel y las violaciones al debido proceso que rodean su caso. En respuesta a la manifestación de preocupación por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el Gobierno de Maduro ha decidido expulsar a los representantes del organismo internacional, generando una crisis diplomática que ha despertado la atención de la región. Las denuncias de conspiraciones para asesinar a Maduro han servido como justificación para la ruptura de los acuerdos de Barbados, complicando la flexibilización de sanciones previamente acordada con Washington. Este giro ha provocado una reacción en cadena de rechazo en la región, con países como Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay levantando banderas rojas ante la situación. La decisión de expulsar a los representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos, instalados en Venezuela desde 2019, plantea serias consecuencias para la protección de derechos en el país. Organizaciones de la sociedad civil advierten sobre el riesgo que representa esta salida rápida, especialmente en un contexto donde ya existen más de 200 presos políticos y las denuncias de ejecuciones extrajudiciales han sido persistentes. Analistas alertan sobre paralelismos con la situación en Nicaragua, señalando intervenciones en organismos internacionales y la promoción de iniciativas legislativas para criminalizar ONG. Este cambio de rumbo por parte del chavismo ocurre después de las elecciones primarias de la oposición en octubre de 2023, donde María Corina Machado emergió como líder electa, cuadruplicando la intención de voto frente a Nicolás Maduro, según sondeos.
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