Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó con 267 votos a favor, 104 en contra y 33 abstenciones el proyecto de reformas para tipificar como delito las llamadas terapias de conversión y sancionar con pena de dos a seis años de prisión a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tratamiento o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. El castigo aumentará al doble cuando las conductas tipificadas se realicen contra menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad. “En caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima los que incurran en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez”, señala el texto aprobado. La minuta previamente avalada por el Senado de la República adiciona un artículo a la Ley General de Salud para castigar con suspensión del ejercicio profesional hasta por tres años o incluso la cancelación definitiva de cédula profesional médicos, técnicos o auxiliares de disciplinas de la salud que practiquen dichas terapias. Diputados de diversas bancadas presentaron 13 propuestas de modificación a la minuta previamente avalada por el Senado de la República para su discusión en lo particular. Morena, PRI y MC urgen discutir dictamen contra terapias de conversión Diputadas de Morena, PRI y MC urgieron a discutir y votar en la sesión de mañana viernes el dictamen para prohibir las terapias de conversión y los llamados Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig), mientras la legisladora panista Teresa Castell sostuvo que la iniciativa va contra la libertad de los padres a educar a sus hijos con los valores de la familia. “No podemos prohibirle absolutamente a ninguna persona que tome la terapia que desea, sea para ir hacia un lado o sea para ir para el otro, es una decisión personal, pero aquí no se puede prohibir absolutamente a nadie, porque es prohibir la libertad, pero también dejar a los padres en grave riesgo y a los profesionales de la salud, a los ministros de culto en total indefensión para que puedan ser llevados a la cárcel, de dos a cuatro años”, advirtió.
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