Francisco Javier Torres / La Voz de Michoacán. Las fuerzas federales que llegan a Michoacán con motivo de reforzar la seguridad y ayudar al desarrollo de la entidad, no están respetando el acuerdo que se tenía con la Policía Federal, el Gobierno del Estado y la Confederación Nacional Campesina (CNC) para no detener autos chocolate que estén en trámite de regularización; esta actuación es principalmente porque los agentes desconocen dicho acuerdo y están haciendo detenciones que generan impresionantes multas, llegan a superar incluso los 30 mil pesos, aseguró Miguel Onofre Garibay. El encargado de trámites vehiculares en la CNC de Michoacán expuso que esta situación se genera porque hay una constante movilidad de agentes federales en Michoacán, los elementos son enviados desde otros estados a reforzar las acciones en esta entidad, pero desconocen el acuerdo que es vigente y donde se acordó con el gobernador Fausto Vallejo, que no se realizarían detenciones de vehículos de procedencia extranjera que estuvieran en trámite de regularización. La situación de detenciones va al alza, diariamente se registran entre 2 y 5 casos de este tipo donde filiales a la Confederación Nacional Campesina son detenidos y en ocasiones arrestados para obligarles a pagar una multa. Las unidades incluso se quedan detenidas sin posibilidades de dejarlas libres o a cambio de garantías económicas que exceden por mucho el costo del vehículo. “A pesar de que tenemos un acuerdo muy claro con lo que es la Policía Federal Preventiva, nos da mucho trabajo poder llegar a acuerdos con los elementos de esta corporación, este se generó también desde que destituyeron al otrora encargado de la coordinación de la Policía Federal en Michoacán, Teófilo Gutiérrez Zúñiga, y que al parecer no informó a quienes lo sustituyeron de la vigencia de este acuerdo con nuestra organización”, expresó Miguel Onofre. Esto ha derivado en serias complicaciones para cientos de campesinos michoacanos que son propietarios de algún vehículo de procedencia extranjera, sobre todo porque se está removiendo constantemente a los agentes de la PFP, cuando se les termina de mostrar y convencer de que hay un acuerdo de excepción para ciertos campesinos, los agentes terminan su estancia en Michoacán y son sustituidos por otros nuevos, lo que ya se está convirtiendo en un ciclo complicado. El acuerdo que se firmó desde el 2012 no tiene un plazo perentorio, se acurdó que con la actual administración estatal se mantendría vigente hasta nuevo aviso, ello por lo complicado y lo caro que resulta la legalización de un vehículo chocolate, pues la regularización ronda los 20 mil pesos, dependiendo del modelo y tipo de unidad que ande circulando pero este proceso representa un gasto que no es de fácil acceso para miles de campesinos michoacanos. “Desde hace algunos meses se está teniendo este problema, sabemos que los agentes vienen a Michoacán a reforzar la seguridad, no tenemos nada contra esta acción, pero sí exigimos que respeten los acuerdos que se tienen en nuestro estado y que dejen de cometer tantos abusos contra nuestra gente”, explicó Onofre Garibay. Acotó que desde los últimos días del año pasado comenzó a darse esta situación con mayor constancia, sobre todo en la región del bajío donde diariamente detienen de uno a dos campesinos con un auto de procedencia extranjera y que no ha terminado de legalizarlo. Las multas son desde los 20 mil pesos, hasta algunas que superan los cien mil pesos sólo como multa.
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