Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. - A 13 días de la desaparición del activista ambiental José Gabriel Pelayo Zalgado, ocurrida el pasado 19 de marzo en Coalcomán, Michoacán, información revela que éste habría recibido amenazas previas por parte de individuos presuntamente asociados a un cártel de Jalisco. Un reportaje de Animal Político publicado este día señala que las amenazas contra Pelayo Zalgado se remontan a septiembre de 2022, cuando se opuso a la tala clandestina de un predio en Coahuayula. Desde entonces, el activista y profesor rural habría sido objeto de intimidación por parte de individuos presuntamente vinculados al CJNG, liderado por Nemesio Oseguera, alias "El Mencho". El grupo criminal, según informes, ha incursionado en áreas boscosas y pozos de agua en busca de facilitar sus operaciones y eludir la vigilancia militar. Animal Político tuvo acceso a fuentes que señalaron que en una ocasión, Pelayo Zalgado fue interceptado por individuos armados en un camino que conecta Coahuayula con Villa Victoria, tras la primera amenaza en 2022. Posteriormente, fue llevado por la fuerza ante el jefe de plaza del municipio de Chinicuila, conocido como "El Gorra Prieta". Estos incidentes, según relatos, culminaron en su desaparición. José Gabriel Pelayo Zalgado, de 49 años, es un activista ambiental y profesor rural con tres décadas de trayectoria en el Consejo Popular de Chinicuila. Su desaparición ha generado preocupación en la región, especialmente entre los habitantes de Coahuayula, quienes lo señalan como víctima del CJNG y responsabilizan a los líderes locales del cartel por su privación de libertad. En una muestra de solidaridad y exigencia de justicia, el pasado domingo 24 de marzo, amigos y seguidores del activista ambiental José Gabriel Pelayo se congregaron por dos días consecutivos sobre Frente al Palacio de Gobierno en el centro de Morelia, Michoacán. Los manifestantes denunciaron la violencia creciente contra los defensores ambientales, quienes enfrentaban amenazas tanto de grupos del crimen organizado como de empresas trasnacionales interesadas en intervenir áreas naturales. A pesar de la promesa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de implementar un protocolo de seguridad para los defensores ambientales, aún no se habían comunicado avances significativos al respecto.
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