Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. - Una niña de 12 años, víctima de violación y embarazada, permanece ingresada en las instalaciones de la Secretaría de Salud de Jalisco desde hace 11 días, sin poder acceder al procedimiento de interrupción del embarazo. A pesar de los intentos de su familia por ejercer este derecho las autoridades siguen sin proporcionar soluciones hasta el momento. La menor que se encuentra en el inicio del tercer trimestre del embarazo con entre 25 y 27 semanas, fue expuesta a presiones del personal médico para escuchar el sonido del feto o considerar la opción de darlo en adopción, en lugar de recibir el apoyo necesario para la interrupción del embarazo. La justificación de la autoridad sanitaria ante esta falta por parte del personal al atender a la víctima, contradice los protocolos existentes. Desde 2017, Jalisco cuenta con el Programa de Interrupción del Embarazo (Pile), el cual no establece límites de semanas de gestación para las solicitudes bajo las causales de violación o riesgo para la salud física o mental de la mujer. Además, el Código Penal del Estado tampoco fija un límite de semanas para las víctimas de violación. El caso está siendo acompañado por el colectivo Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), ya que la situación se viralizó. “La autoridad es completamente insensible con el caso de la niña, no solo considerando en cuestiones de salud, porque ellos piensan en términos de un embarazo o un parto, también tendrían que estar pensando en la salud mental y en cómo se ve afectada al tener un embarazo producto de una violación, luego un parto y una crianza. Esto no tendría por qué haber sucedido, no encontramos a una autoridad no sólo sensible, sino además responsable, que se comprometa con su propia ley, su propia normatividad”, comentó una integrante del Ddeser En casos similares anteriores, las autoridades decidían trasladar a los pacientes a la Ciudad de México para que obtuvieran una atención más especializada, en este caso el personal médico se niega a brindar este traslado, ya que ni siquiera lo comentaron como una opción. La familia de la menor y los colectivos acusan a las autoridades de obstaculizar la interrupción de embarazo infantil y lo que genera más preocupación es si esta será la respuesta para casos similares que podrían presentarse.
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