Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. “Es inadmisible que los gobernadores del país estén presionando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al pretender responsabilizarla de lo que pase con la seguridad pública si votan por inaplicar la figura de la prisión preventiva oficiosa”, afirmó el abogado constitucionalista Ignacio Burgoa. “Me llama mucho la atención que ahora sea un comunicado de las 32 personas gobernadoras del país en donde, a través de la figura del Amicus Curiae (amigos de la Corte), le estén solicitando a la Corte que sea cuidadosa en la forma en cómo va a resolver este asunto, porque pondrá en peligro la seguridad pública. “Esta es la parte que me parece inadmisible que, a través de esta figura, lo que se está buscando es presionar a la Suprema Corte, para que no se pronuncie respecto de la posible inconvencionalidad, y digo posible, porque la Corte tendrá que determinar si puede hacer esta interpretación para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, expresó el catedrático de la UNAM. Los 32 mandatarios estatales del país, a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), enviaron una carta a la presidenta de la SCJN, ministra Norma Lucía Piña Hernández, en la que le advirtieron que, en caso de desaparecer la figura de la prisión preventiva oficiosa, se pondrá en riesgo la seguridad pública del país. “La figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito”, manifestó la Conago. Al respecto, Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, consideró que los mandatarios estatales deben demostrar cómo la prisión preventiva oficiosa ha beneficiado a la seguridad pública en sus localidades. “Si la Corte no estuviera en ese análisis, la pregunta a los gobernadores es: ¿en qué momento o cómo está funcionando la prisión preventiva oficiosa hoy, que está de forma normal en la Constitución mexicana? “Porque si el tema es que, si la prisión preventiva oficiosa está contribuyendo a garantizar la seguridad pública, está erradicando la inseguridad en el país, que nos digan cómo está ayudando a la seguridad”, comentó Burgoa. El catedrático reiteró que la Corte es garante de la Constitución mexicana y no de la seguridad pública, como pretenden hacer ver los gobernadores. “El Poder Judicial, y hablando de la Corte, es el guardián de la Constitución, es quien tiene que vigilar el respeto de la Constitución, de los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y de las leyes que provengan de la propia Constitución. “Es la función que tiene la Corte, pero no tiene la función de ser ahora el garante de la seguridad pública”, dijo el abogado constitucionalista.
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