Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Actualmente hay más de 800 mil personas con alguna discapacidad en Michoacán, informó Claudia Zúñiga Gutiérrez durante el evento de este lunes organizado por el Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). La directora de la asociación civil Asistencia a la Discapacidad para la Integración con Guías Sombra (ADIGS) expuso que en el estado “deberíamos contar con espacios diversos. Aún falta mucho. Se tiene una deuda histórica en la atención a personas con discapacidad ya que se siguen enfrentando a barreras”. Así mismo, lanzó un llamado a construir una cultura sobre las diferencias, la cual inicia en la familia. En este sentido, dio a conocer la importancia de llamar las cosas por su nombre, por lo que hizo un llamado a dejar los adjetivos como “enanito”, “cogito”, entre otros. “Somos personas con discapacidad. Exigimos una vida de calidad. Una vida. Dónde se valoren competencias y habilidades y no discapacidades”, añadió. Por su parte, la especialista en derecho, Mariana Díaz Figueroa, dio a conocer que históricamente a las personas con discapacidad se les ha negado el reconocimiento como persona ante la ley y han sido declaradas como incapaces de tomar decisiones por sí mismas. Declaró que las personas con discapacidad son actores facultados para realizar actos jurídicos. “El hecho de que algunas personas con discapacidad hoy se enfrenten a barreras para decidir, se debe a que nunca se les ha permitido hacerlo. Las personas sin discapacidad aprenden a tomar decisiones desde siempre, desde que cuando adolescente puedes decidir si vas o no vas, si eliges a alguien o no, si compras algo o no”, añadió. Explicó que la capacidad jurídica puede ser definida como la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones y de ejercer esos derechos y obligaciones. Así mismo, informó que “es una figura que históricamente surge para proteger patrimonios, no para dar dignidad a las personas en sus decisiones. Ha sido una forma de aniquilarles civilmente sus decisiones respecto de la vida, el patrimonio y sus proyectos. Por ejemplo, les impide defenderse de posibles violaciones de derechos por parte de su tutor”. Enumeró los estándares sobre el reconocimiento de la capacidad jurídica y expuso que en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se les reconoce en igualdad de condiciones ante la ley, además de tener capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, la cual va más allá de poder acceder a la justicia en un proceso, sino a todos sus derechos como salud, trabajo y vida independiente. Subrayó que, en dicha convención, se estableció que la igualdad es un principio básico de protección de los derechos humanos y es indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos. “Hoy en día la interdicción está muy lejana a un enfoque de derechos humanos y a una perspectiva de discapacidad”, puntualizó.
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